Uruguay en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo acaba de incluir a Uruguay en su lista negra. Aquí, un repaso de cómo se llegó a esta situación

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Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, en la OIT. (Foto: OIT)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de incluir a Uruguay en su lista negra. Allí se encuentran aquellos países que no acatan las normas que promulga esa institución. Esto es relevante porque su fin es garantizar que no se atropellen derechos individuales. Su objetivo es presionar para que por doquier se respete al Estado de Derecho, dado que la experiencia indica que es el único modo en que el trabajo de calidad pueda expandirse. Asimismo, es el arma más eficaz contra el desempleo.

Cuando todo sujeto está seguro de que sus derechos serán garantizados y protegidos por el gobierno, reina la paz social. Es el ambiente ideal para que los negocios prosperen, lo cual origina un ciclo virtuoso de aumento de la inversión y del empleo privado (el único real en cuanto a productividad). O sea, crecimiento económico y bienestar generalizado.

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En Uruguay, el Frente Amplio viene paulatinamente poniendo los cimentos para un tipo de organización social que nos aleja del Estado de Derecho. Gobernantes y líderes sindicales -que no son «los trabajadores», dado que muchos de ellos solo se dedican a tareas gremiales y a hacer méritos para acomodarse en el Estado- tienen una alianza política-ideológica que tira hacia el socialismo, que tan nefasto ha sido para Venezuela.

El expresidente venezolano Hugo Chávez expropiaba a lo bruto, jactándose frente a las cámaras de televisión. En Uruguay son más discretos. Pero han aprobado leyes y decretos que van en la misma dirección.

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Desde que la izquierda asumió el poder en 2005, viene aprobando normas que irrespetan derechos esenciales consagrados constitucionalmente. Una de las más nefastas ha sido el decreto 165/06, emitido por Tabaré Vázquez en 2006 durante su primera presidencia. Esa ordenanza legalizó las ocupaciones de los lugares de trabajo catalogándolas como «modalidad de ejercicio del derecho de huelga».

Es importante destacar que dentro de los sindicatos no rigen las mínimas garantías democráticas, dado que el voto no es secreto. Pero parece que eso no le preocupa a los gobernantes izquierdistas (un pecado que comparten con los partidos tradicionales).

Las ocupaciones se hacen sin respetar los derechos de los otros sujetos involucrados, dado que los huelguistas impiden que ingresen a las instalaciones los dueños, proveedores o empleados que quieren trabajar, “paralizando el equipamiento disponible o usándolo según pautas propias”.

Como sucede siempre que reina la arbitrariedad y el autoritarismo, este proceso ha conducido a que recientemente los sindicalistas hayan decidido «el control obrero» de una empresa de capitales extranjeros y desacatado la orden judicial que les impedía hacerlo.

Se suele pensar que los empresarios son millonarios. Nada más alejado de la realidad. La inmensa mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. En Uruguay, representan el 99 % de las unidades económicas productivas privadas. Por tanto, el nivel socio-económico entre empleadores y asalariados es parecido, con la gran diferencia de que los patrones son los que arriesgan y no tienen «red de seguridad estatal» que los proteja si les va mal.

Se suele enfatizar la tragedia que representa para un asalariado quedar desempleado. No obstante, casi no se menciona el dolor que provocan los gobernantes a los empresarios cuando irrespetan el Estado de Derecho, aprobando medidas que los oprimen.

Por eso, en esta columna vamos a amplificar la voz dos de ellos, para que cuenten sus historias.

Caso Impresos Vanni S.A.

Historia contada por Juan José Vanni.

Compró la empresa en 1998. La mejoró, muchas veces endeudándose. De ese modo la compañía creció hasta ser muy importante.

En 2005 se había transformado en una empresa moderna, con buenas instalaciones, maquinaria recién adquirida en Alemania, buena facturación pero situación financiera precaria. Por consiguiente, envió a un centenar de empleados a seguro de paro.

Un grupo de trabajadores se opuso a esa medida y ocupó la empresa. Otros estaban en contra de esa medida gremial pero se impusieron los sindicalistas. La ocupación duró casi tres años.

A los 14 días de la ocupación, Vanni solicitó la intervención del ministro de Trabajo, pero «me informaba que estaba impedido de actuar y me derivaba a la Justicia Penal.» Así, me «expropiaron» el trabajo de toda una vida, 25 años ininterrumpidos. «Tenía 44 años cuando me frenaron la vida, por una ocupación ilegítima de Planta Industrial no reintegrada a su legítimo dueño».

En 2006, algunos de los empleados que habían ocupado la empresa formaron la cooperativa COPROGRAF. «Se les aprobó el seguro de paro a los cooperativistas que usurpaban mi propiedad, mis máquinas, mis bienes, esperando el remate (judicial) para comprar la empresa».

«Mientras Vanni y su familia quedaban en la miseria […] COPROGRAF fue inscripta en el Banco de Previsión Social, en la DGI y ANTEL y OSE, que fueron servicios que pasaron a su nombre. El 10 de noviembre se inscribieron en la Dirección General de Impositiva, obteniendo el RUT 215 27 94 50 010, con domicilio constituido en la misma planta ocupada y también en el BPS. Se autorizaron facturas el 11 de noviembre de ese mismo año, que constan en DGI con el número 620 50 92 46 21».

Caso Friopan S.A., mayo 2019

Historia contada en Twitter por la nuera de los dueños.

Mis suegros son hijos de inmigrantes. Ambos trabajan día y noche desde muy jóvenes. Hace 20 años crearon Friopan. El que ahora es mi esposo, de bebé «dormía en una barca de panadería al lado del horno» de pan. «Fueron meses de no ver el sol, de trabajo, esfuerzo, ahorro y de endeudarse muchísimo». Los primeros empleados aún trabajan allí se consideran parte de la familia. En la fábrica trabajan padres y madres de familia mayores de 40 o 50 años, lo que no es nada común. Por tanto, es socialmente relevante.

La empresa fue creciendo aunque no es la primera marca en su rubro. Reina un ambiente familiar donde no solo se paga en fecha y se cumple con todas las regulaciones laborales sino también «contemplando muchísimas veces las necesidades personales».

Hace poco decidieron seguir innovando. Por tanto, importaron maquinaria suiza, que implicaba aumentar en cantidad y calidad los puestos de trabajo.

«Apostar a invertir en Uruguay cuando muchas empresas cierran y se van es un salto de fe». Sin embargo, alguien difundió el rumor de que la idea era despedir gente y el sindicato decidió ocupar la planta.

Durante los cuatro días que duró la ocupación, se pudrió la masa para 15 000 panes (que podrían haber alimentado a tanta gente hambrienta) porque los pocos sindicalistas (38) que ocuparon impidieron que trabajaron los otros (77 personas). Uno de los empleados divulgó un video en el que se ven las pésimas condiciones en que quedó la planta, con máquinas llenas de masa podrida.

Los dueños de Friopan se «levantan diariamente de madrugada» para supervisar directamente que todo esté funcionando perfectamente.

Estos sindicalistas perjudicaron mucha gente: a los dueños, a otros trabajadores, a los proveedores y a los clientes- expresa la chica.

El gobierno y el PIT-CNT (central única de trabajadores de Uruguay) están molestos con la decisión de la OIT. Pero lo cierto es que desde hace 10 años, las autoridades vienen desacatando sus recomendaciones, lo que ha provocado situaciones como las descritas.

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