Uruguay: autoritaria política anti-trabajadores

¿En qué consiste una buena política laboral? Las leyes laborales pueden, a menudo, conducir a la servidumbre y la tiranía.

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Vázquez en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, 2017 (Foto: Flickr)

¿En qué consiste una buena política laboral? ¿ La que viola derechos individuales? ¿La que elude las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?

¿Es un buen gobernante aquel que impone leyes que atentan contra la generación de empleo? ¿Aquel que favorece a las cúpulas sindicales, a las corporaciones, en detrimento del trabajador individual?

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Este no es un tema menor, porque cuando las autoridades actúan despóticamente en esta área, comienzan por perjudicar a los sectores más vulnerables y terminan por extender ese autoritarismo al resto de la sociedad. En otras palabras, conduce a la servidumbre y la tiranía.

Una buena política laboral es aquella que reconoce que en las sociedades hay intereses contrapuestos. Por consiguiente, tienen que estar bien delimitados los derechos y obligaciones de cada uno. No se trata de que los empresarios puedan hacer lo que quieran pero tampoco los asalariados. Como expresa Alexis de Tocqueville, hay paz social cuando toda persona está segura de que sus derechos serán respetados.

La experiencia histórica prueba reiteradamente que la piedra angular de la prosperidad es el derecho de propiedad y el Estado de Derecho. O sea, cuando gobernantes y gobernados deben obedecer la misma ley. Se funda en aquella situación jurídica donde las autoridades no tienen la «potestad» de excluir a ciertas personas o grupos de la norma general.

Que los gobernantes tengan que obedecer las leyes que aprueban es una garantía para los ciudadanos . ¿Por qué? Porque si tiene que sufrir en carne propia sus efectos, entonces estarán menos predispuestos a aprobar normas de baja calidad. Y si con las mejores intenciones sancionaron una cuyos resultados son perniciosos, al constatarlos, la derogarán rápidamente.

Por tanto, un índice de falta de honestidad intelectual y moral de un gobernante, es que al ser el blanco de una mala ley, en vez de eliminarla, establece para sí el privilegio de quedar fuera de su alcance. Así actúan los autoritarios y aspirantes a dictadores. Son cosas a lo que los pueblos deberían estar atentos.

Hay una relación directamente proporcional entre la violación del derecho de propiedad -especialmente de los medios de producción- y del Estado de Derecho, con el empobrecimiento de una nación y el surgimiento de las dictaduras más sangrientas. Para quien tenga dudas, le recomendamos la lectura de El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión.

La ex Unión Soviética y la Venezuela chavista son muestras elocuentes de lo manifestado. Asimismo, la otra versión del mismo mal son el fascismo nazi, italiano o argentino (peronismo).

Los mencionados son los casos extremos. Pero hay una amplia gama de «grises» intermedios cuyo resultado es análogo: enlentecimiento económico, aumento del desempleo, arbitrariedad y prepotencia.

En este grupo se encuentra Uruguay bajo los gobiernos de Tabaré Vázquez y de  «Pepe» Mujica. La situación es tan alarmante que desde hace unos diez años, la OIT amenaza con incluir al país en su «lista negra». La razón es que la mencionada organización indicó al gobierno que incluyera una serie de recomendaciones a su ley de negociación colectiva y no lo ha hecho.

Todo indica que el actual gobierno no tiene la menor voluntad de acatar al organismo internacional, porque su ideología y aliados sindicales -que persiguen la dictadura del proletariado- se lo impiden. Esta posición no es inocua sino que está repercutiendo en la economía nacional y aumento del desempleo. Si esto último aún no se manifiesta en su real dimensión en las estadísticas, es porque Vázquez y Mujica han aumentado en más del 30 % el número de empleados públicos. Actualmente, el 16 % de la población económicamente activa trabaja para el Estado.

Por supuesto que eso no es gratis. Ni desde el punto de vista económico ni de calidad democrática.

En lo económico, el pago de todos esos sueldos es un fardo pesado que recae sobre las espaldas del sector privado. Las consecuencias son que se detienen las inversiones (lo cual repercute en la generación de empleo genuino) y cierran empresas (aumenta el desempleo).

Con respecto a la calidad democrática, que una porción cada vez más grande de la población dependa de los gobernantes para su sustento, inhiben las críticas y la saludable discusión de los asuntos públicos.

Además, la práctica fascista de otorgar a líderes sindicales un poder desmedido atenta contra los derechos de los otros trabajadores y de aquellos que no logran encontrar empleo a raíz de las despóticas leyes laborales y accionar sindical.

Este nefasto camino lo comenzó Vázquez en su primer gobierno (2005-2010). Fue entonces que aprobó el decreto N°165/ 006 que establecía las reglas de juego concernientes a la huelga, la libertad sindical y la negociación (tripartita: empresarios-empleados-gobierno) colectiva. Allí establece arbitrariamente que la «ocupación parcial o total de los lugares de trabajo» forma parte del derecho de huelga.

Como si eso fuera poco, Vázquez también derogó el decreto que permitía a la policía desalojar a los funcionarios que ocuparan un lugar de trabajo. Esta medida es una afrenta al derecho de propiedad -los ocupantes no permiten entrar a los dueños a la empresa- y al de trabajo -tampoco que lo hagan los empleados que quieren trabajar- lo cual generó situaciones de tensión. Varios de esos episodios tomaron estado público y circularon por las redes sociales.

Estas situaciones derivaron en que los empresarios hicieran las correspondientes denuncias por violación a los derechos de propiedad y trabajo ante la OIT. Este organismo les dio la razón y le indicó al gobierno izquierdista que enmendara la situación. No lo ha hecho hasta ahora.

Al principio, el decreto N°. 165/006 regía para el sector público y el privado. Pero, como suele suceder cuando desde el mismo Estado se alienta la violación de derechos constitucionales, los excesos sindicales ocasionando grandes perjuicios.

Al entonces presidente Mujica (2010-2015) no le gustó que le hicieran a él lo que le parecía bien que le hicieran a otros. Por tanto -haciendo gala de su talante poco republicano y democrático-, aprobó el decreto N° 354/010, que prohibió la ocupación de cualquier dependencia estatal, «la que será desalojada por la fuera pública».

Para el sector privado la situación permaneció incambiada.

El decreto N° 354/010 constituye un reconocimiento de que el N°165/006 es nefasto. Sin embargo mediante palabras floridas -como es su costumbre para confundir- Mujica agrega al mal que engendra el decreto de Vázquez, la injusticia del suyo.

Alentados por la actitud gubernamental, los líderes sindicales han dado un paso más hacia la dictadura comunista. En estos días los trabajadores de Montevideo Gas, subsidiaria de Petrobras Uruguay, anunciaron la ocupación con control obrero de las instalaciones. Lo cual implica que por la fuerza, los dueños y directivos de la empresa son desapoderados de la gestión.

Podría parecerle a algún desprevenido, que las medidas laborales de Vázquez y Mujica han sido «pro-obreros» al darles mayor poder. Se equivocan. Esta «película» ya la vimos en nuestro país a mediados del siglo XX y sabemos cómo termina: en una brutal crisis económica, social y política, con lo cual se termina por perjudicar a la inmensa mayoría de los trabajadores y sus familias.

Ese proceso ha comenzado. Pero los cabecillas sindicales están más preocupados por ocupar cargos bien remunerados dentro del gobierno del Frente Amplio, que por el bienestar de los trabajadores en el mediano y largo plazo.

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