La tentación totalitaria de los sindicatos uruguayos

Los gobernantes izquierdistas otorgaron a los sindicatos potestades injustificables que desbordan cualquier noción de medida, justicia y ecuanimidad

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Protestas sindicales en Montevideo. (Foto: Flickr)

La enciclopedia jurídica define a un sindicato como una asociación voluntaria estable y permanente de trabajadores cuya función es representar, defender y promover sus intereses económicos y sociales, que cuenta con personalidad jurídica y capacidad de obrar. Señala que está integrado exclusivamente por trabajadores en situación de dependencia con respecto a su empleador.

Surgieron para equilibrar las fuerzas entre el patrón y sus empleados porque cada uno de estos últimos, por separado, es débil. De esa manera, las relaciones laborales se tornan más justas, siempre y cuando los gobernantes no inclinen arbitrariamente el fiel de la balanza hacia un lado u otro.

Uno de los valores esenciales de un sindicato, el que le otorga legitimación frente a la ciudadanía, es que sea independiente de cualquier partido político, justamente, porque su razón de ser es otra. Además, porque entre sus miembros deberían coexistir pacíficamente las más diversas orientaciones ideológicas.

Si un sindicato viola esa condición, entonces ha bastardeado su rol y se ha desnaturalizado. En rigor, no es un sindicato sino un brazo ejecutor de ese partido político por fuera de las reglas de la democracia. Es “juego sucio” porque simula ser algo que en realidad no es. Además, en esos casos, la experiencia histórica demuestra que esa inercia lleva a que el final, los líderes sindicales no defiendan los intereses de los trabajadores sino los suyos propios. Los sindicatos argentinos y su relación con el peronismo en Argentina constituyen un buen ejemplo.

Por otra parte, lo que les otorga legitimidad, tanto a los líderes sindicales como a las medidas que impulsan (huelgas, paros, etc.), es que hayan surgido de la libre decisión de sus afiliados. Y eso se comprueba mediante el voto secreto. Si un sindicato no acepta esta elemental regla democrática, está demostrando que no comulga con ese sistema de tomar decisiones. Ergo, son autoritarios.

En Uruguay, los sindicatos son tentáculos del Frente Amplio que desde “la calle” ejercen presión para beneficiar electoralmente a ese partido político. La prueba es que muchos de los líderes sindicales integran sus listas a senadores y diputados. Como retribución al relevante papel que los líderes sindicales jugaron para que la izquierda obtuviera el gobierno desde 2005 hasta 2020, los expresidentes Tabaré Vázquez y el Pepe Mujica los pusieron en relevantes cargos públicos con suculentos sueldos. Durante ese período, los líderes sindicales cogobernaron con el Frente Amplio. Los intereses a mediano y largo plazo de los trabajadores pasaron a un segundo plano, primando los intereses de ese partido político.

Los gobernantes izquierdistas otorgaron a los sindicatos potestades injustificables, que desbordan cualquier noción de medida, justicia y ecuanimidad.

Incluso, muchos líderes sindicales lideran un sindicato sin trabajar. Concretamente, les pagan por realizar full time tareas gremiales. O sea, que están desvinculados de la realidad de esa empresa o área de actividad. Son una especie de aristocracia.

Además, los sindicatos no tienen personería jurídica y tampoco los interesa tenerla. Eso impide que su “votaciones” sea controladas por algún organismo estatal independiente como la Corte Electoral. El voto tampoco es secreto y las asambleas se suelen realizar entre gallos y medianoche. Esta situación ha provocado la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019, exigiéndole al gobierno de Vázquez que ese mismo año realizara modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva —aprobada durante su primera presidencia (2005-2010)— para incorporar esa y otras cuestiones.

Por otra parte, los términos que utilizan los líderes sindicales son bélicos, como por ejemplo “derechos conquistados”. Ergo, la violencia —frecuentemente psicológica pero a veces también física— está presente. Por cierto, son pseudo “derechos” dado que vulneran derechos constitucionalmente protegidos de otras personas (empleados, dueños de las empresas y ciudadanía en general).

Incluso, en muchas ocasiones “patotean” de palabra y/o acción a los trabajadores no sindicalizados. Como muestra, expondremos una situación que exhibe la tentación totalitaria que anima a muchos líderes sindicales.

El 17 de mayo de 2018 Gloria Xavier fue a su lugar habitual de trabajo, un frigorífico en un departamento del interior del país. Al llegar no pudo ingresar porque Carlos Cattani —presidente del Pit-Cnt (central obrera de Uruguay) de esa zona— y otros sindicalistas bloqueaban el ingreso a la empresa, por un paro nacional de 24 horas de las actividades de la industria cárnica.

Dada esa situación, Xavier y Cattani discutieron. La mujer le reclamó “el derecho a trabajar” y le pidió que desocuparan los portones. Cattani se opuso. Entonces Xavier le propuso que contaran quiénes estaban a favor y en contra de la medida, para adoptar una decisión «democrática». Cattani se negó.

Xavier señala que «Era notoria la diferencia. Había 70 personas paradas para trabajar y nueve personas trancando los portones. Era algo ilógico. Yo le quería hacer entender que si no trabajamos no nos pagan y si no nos pagan, no podemos pagar la cuentas».

«Entramos por el portón del costado. Uno que ellos no tenían trancado. ¡Y la gente de limpieza entró a trabajar saltando el alambrado! Vergüenza le debería dar al Pit-Cnt que los empleados tengan que estar saltando un alambrado como ladrones para poder entrar a trabajar a cuidar el trabajo de ellos», afirmó Xavier.

El Pit-Cnt expresa que ellos son “pueblo”. Pero la realidad es muy diferente. No solo no los son, sino que el rechazo ciudadano hacia esa organización es enorme. Así lo indican las encuestas de opinión pública. Según Latinobarómetro, entre las instituciones privadas, los sindicatos (junto con las compañías internacionales) son los que despiertan menor confianza entre los uruguayos.

El 1 de marzo asumió un nuevo gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Está decidido a cumplir con sus promesas de campaña, que fueron las que la gente apoyó en forma mayoritaria (el Frente Amplio obtuvo tan solo el 39 % de los votos). Entre las cosas que resaltó, es que no piensa compartir el poder con los sindicatos.

Entre los problemas que urge solucionar, está la educación pública. Durante las administraciones de Vázquez y Mujica, se les otorgó a los sindicatos de docentes el cogobierno en esa área. El resultado fue que obtuvieron un poder inmenso pero la enseñanza declinó notoriamente. A pesar de que se invirtió en ese rubro ingentes cantidades de dinero, Uruguay pasó de estar a la vanguardia de América Latina a situarse entre los más atrasados, en el porcentaje de jóvenes que culmina la educación media. Asimismo, las pruebas PISA muestran que la calidad es cada vez peor.

Las consecuencias sociales de esta situación son tremendas porque impiden que esos chicos puedan acceder a empleos de calidad.

A raíz de ello, Lacalle Pou piensa realizar cambios en el gobierno de la educación para hacerla más ágil y efectiva. La idea es “impulsar cambios en el funcionamiento cotidiano de los centros de enseñanza, para así fortalecer auténticas comunidades educativas” integradas por docentes, alumnos, familias y la comunidad local.

Todavía no se sabe en qué consistirán esos cambios pero la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) adelantó que no está de acuerdo y se declaró en conflicto. Ya fijaron una serie de paros en los liceos: el primero el 12 de marzo. Son tres en los próximos 45 días.

Un dato elocuente que ayuda a comprender que la preocupación por el bienestar de los chicos y sus familias no es lo más relevante para estos sindicalistas, lo constituye el perfil de José Olivera, uno de los principales dirigentes de Fenapes: no es profesor titulado y confiesa impúdicamente que “no le gusta enseñar”.

Su objetivo es preservar sus cuotas de poder e influencia en la enseñanza popular.

Por tanto, el paro de los profesores es contra la decisión ciudadana expresada en las urnas que reclama un cambio. A todas luces, una actitud antidemocrática.

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