Hacia una reforma despolitizada de la Policía de Colombia

Hay que dar un debate sincero y despolitizado sobre el futuro de la Policía en el país. Ya el propio Ministerio de Defensa anunció una reforma a los procedimientos de los agentes, como consecuencia de la muerte de Javier Ordoñez a manos de dos uniformados

Aunque Colombia es el cuarto país más grande de Latinoamérica y la tercera economía de Sudamérica, los funcionarios de la policía ganan menos que sus contrapartes en la región. (Youtube)

Mal haría la derecha en casarse con una defensa acérrima a la Policía y negar toda posibilidad de reforma a esta institución que data desde 1891. Esto no es un llamado a acabar con una institución vital para cualquier democracia, ni mucho menos justificar la delincuencia y la destrucción de propiedad privada y pública que ha acontecido en las principales ciudades del país durante las últimas jornadas. Es un llamado a la sensatez y a considerar que una reforma de ciertos aspectos de la Policía nos conviene a todos.

Hay que dar un debate sincero y despolitizado sobre el futuro de la Policía en el país. Ya el propio Ministerio de Defensa anunció una reforma a los procedimientos de los agentes como consecuencia de la muerte de Javier Ordoñez a manos de dos uniformados.

Uno de los cambios que tiene que experimentar la institución es en su proceso de reclutamiento y retención de los candidatos. Los salarios de la policía en América Latina son tradicionalmente bajos, generalmente muy por debajo de los trabajadores calificados o sueldos profesionales en el mismo país. Aunque Colombia es el cuarto país más grande de Latinoamérica y la tercera economía de Sudamérica, según un análisis del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los funcionarios de la Policía colombiana ganan menos que sus contrapartes en la región. Con un salario de por sí deficiente, los reclutas de la institución colombiana deben pagar varios millones de pesos para postularse, ingresar y graduarse en la academia. Además de la matrícula y tarifas administrativas, los cadetes deben comprar sus uniformes, ropa de cama y libros de texto.

Los costos de alistarse como un policía profesional han impuesto una barrera de entrada considerable, no solo a los recluta de las regiones más pobres, sino en general de todo el país lo que presenta un déficit de 60 000 uniformados. Solo cinco de los 32 departamentos del país cumplen con los objetivos de contratación. El resto de los esfuerzos de reclutamiento en Colombia no producen las cifras que la institución  necesita para contrarrestar el desgaste y brindar cobertura policial en todo el país, especialmente en las zonas rurales del territorio donde hay un claro déficit de agentes: Esta situación pone en riesgo a muchas comunidades rurales de caer en manos de grupos armados como sucede en el Cauca, Norte de Santander, Meta, Nariño, Chocó, Antioquia, Guajira y Córdoba en la actualidad.

Este problema de seguridad que vive el país y cuyo combustible es la cocaína, ha llevado a que la conformación de la institución moderna en Colombia se haya concebido para apoyar la lucha contra el narcotráfico. La Policía colombiana -al igual que muy buena parte de sus homólogos en Latinoamérica— tiene múltiples unidades dedicadas a las luchas antinarcóticos que se extienden desde las junglas del Putumayo a la plaza de vicio en el centro de la capital, a unas pocas cuadras el Palacio de Nariño.

Esta lucha contra el narcotráfico —que a su vez se mezcló con una ya existente lucha contra insurgentes en los años 80— ha producido en la Policía Nacional unidades especiales del mayor nivel de profesionalismo, pero también se ha visto empañada con figuras macabras como Danilo Gonzalez, el antiguo director de inteligencia del GAULA, y quién usó agentes de la ley como matones a sueldo al servicio del Cartel del Norte del Valle, por otro lado llamado el cartel de los expolicías.

En Medellín se sabe que algunos uniformados extorsionan a las plazas de vicio, e incluso unos cuantos tendrían participación dentro de las mismas organizaciones delincuenciales. En Barrio Antioquia —el mayor dispendio de drogas del sur de la ciudad— existen plazas de vicio que llevan años en las mismas cuadras. Para nadie es un secreto dónde están esas plazas e incluso, si no se sabe se puede deducir por las largas filas de vehículos que vienen, del afluente barrio del Poblado al otro lado del río,  a «mercar» vicio como si de un AutoMac se tratara. Algunas veces la Policía pone en marcha los llamados mega-operativos donde demuele las estructuras en las que funcionan las plazas, solo para encontrarse que a los pocos días los traficantes tienen montada una nueva venta en la casa de al lado, siempre en la misma cuadra.

Según la propia Policía organizaciones delictivas como la Oficina producto del narcotráfico mueven alrededor de 100 millones de dólares al mes, es decir, unos $1 200 millones de dólares al año; si se hiciera una rápida comparación para dar cuenta de las magnitudes que manejan estas organizaciones, por ejemplo el préstamo del Gobierno a Avianca fue de 370 millones de dólares.  Ante tales ingresos no es difícil para estas organizaciones corromper a un pobre patrullero que apenas llega a los $450 dólares al mes.

Si por alguna razón es detenido por la policía y el agente considera que su comportamiento es digno de una multa, por ser la primera infracción tendrá que ir a un curso de ‘Convivencia Ciudadana’ donde no le enseñarán nada de convivencia pero sí de las muchas formas que lo pueden multar, pero ante todo se sorprenderá al ver que sus compañeros del curso son una población exclusivamente masculina, y quien no es de barrio posiblemente es un habitante de calle.

No debería extrañar que en un país con tan bajo nivel educativo, que afecta especialmente a la población más pobre, estas personas sean los principales sujetos de conflictos con la policía. El desconocimiento de los derechos ante la ley puede llevar a ser un catalizador de violencia en las comunidades más humildes, quienes muchas veces desconocen los recursos que tienen.

Esta falta de información afecta de especial manera a los habitantes de calle, quienes en la práctica no cuentan con los recursos legales que tendría un ciudadano corriente ante un organismo como la Policía. Para el 2018, se registraron 420 habitantes de calle lesionados por parte de miembros de la policía, estadística que muy posiblemente sea un subregistro puesto que muchos habitantes de calle, por desconocimiento y discriminación, tienen un menor acceso a los servicios de salud y justicia.

Una de las razones principales entre el conflicto de habitantes de calle y miembros de Policía se ha dado por la falta de infraestructura sanitaria pública. Los habitantes de calle al no tener un espacio privado qué habitar, se ven obligados muy frecuentemente a hacer sus necesidades en espacios públicos, donde habitan, lo que obliga al policía a retirarlos de donde sea que estén. Esto es un motivo de conflicto entre la policía y una población vulnerable, que se podría solucionar hasta cierto punto dando una mayor provisión de infraestructura sanitaria pública en un país con unos índices de indigencia tan elevados como Colombia.

Por estas razones es que una reforma a la Policía deberá venir acompañada de un incremento de su presupuesto para mejor capacitación y entrenamiento de los uniformados, así como una mejor paga. En segundo lugar esta reforma debería traer consigo una campaña de información sobre los recursos que tiene la ciudadanía para denunciar abusos policiales —en caso de que ocurran—, y finalmente pensar en soluciones a través de la empresa privada y la sociedad civil para problemas sociales que tradicionalmente han sido mediados solo por la policía.

 

 

 

 

 

 

 

 

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