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El gobierno de Estados Unidos dio un paso adelante en las acciones de presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega, al decidir imponer nuevas sanciones contra funcionarios involucrados en la debilitación de la democracia y los abusos contra derechos humanos en Nicaragua donde más de 130 personas han fallecido en el marco de protestas antigubernamentales.
De acuerdo al comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aplicó restricciones de visado «enviando un claro mensaje de que los que violan los derechos humanos y socavan la democracia no son bienvenidos en Estados Unidos».
«La violencia política por parte de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, particularmente contra estudiantes universitarios, muestra una flagrante indiferencia por los derechos humanos y es inaceptable», agrega el texto.
El Gobierno estadounidense aclaró que no divulgará los nombres de los individuos afectados por las nuevas sanciones debido a las leyes de confiabilidad de visas; sin embargo, resaltó que las sanciones solo se aplican a los involucrados «en la dirección y supervisión de la violencia en contra de ciudadanos que están ejercitando sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión».
Asimismo, adelantó que entre los funcionarios involucrados hay oficiales de la policía, miembros de gobiernos municipales, un funcionario del Ministerio de Salud, e incluso familiares de ellos.
Las sanciones se produjeron tan solo unas horas despues de que la congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen instara al Gobierno a sancionar a Francisco Díaz, alto jefe de la Policía de Nicaragua, y a Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Albanisa (empresa creada para gestionar y administrar la cooperación petrolera con Venezuela).
Las sanciones se llevarían a cabo en virtud de la llamada Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que permite al andatario a bloquear o revocar visados.
“Es vital, ahora más que nunca, que Estados Unidos respalde al pueblo de Nicaragua”, dijo la congresista.
Cabe destacar que Estados Unidos ya había advertido con anterioridad que estaba dispuesto a aplicar sanciones si no se conseguía solucionar la crisis y ahora, ha vuelto a insistir en que está dispuesto a tomar «medidas adionales» si continúa la masacre contra el pueblo.
La ola de protestas antigubernamentales inició el 18 de abril y desde entonces Daniel Ortega ha quedado en evidencia por la masacre que ha realizado contra los ciudadanos de ese país y ahora, la sociedad civil se ha revelado y exige «justicia» para los caídos y la democratización del país que se traduce en la salida de esta administración.
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