
Como si ya los despidos masivos y persecución contra médicos, manifestantes y hasta sacerdotes no fuese suficiente, ahora el régimen de Daniel Ortega ha decidido extender su “depuración” también contra docentes universitarios.
Según el diario local La Prensa, han empezado a llegar cartas de despidos por correo electrónico a los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) que, de alguna forma, hayan apoyado las manifestaciones contra el Gobierno.
Los primeros en ser despedidos fueron los educadores Freddy Antonio Quezada y Josvell Francisco Saintclair, pero según explicaron, hay toda una lista de personas a las que las están despidiendo “a discreción para deshacerse de los críticos“.
El catedático aclaró que en la carta de despido no se explica el motivo, sino que solo se limita a informar el cese del contrato laboral. Sin embargo, a su juicio la decisión es arbitraria, ya que no hay justificación alguna.
“Es parte del programa que tiene el Gobierno de aterrar a la población. Estamos en una etapa de criminalización de las protestas, incluyendo crímenes a la libertad de pensamiento y de expresión, por eso es que se está recrudeciendo la represión a estudiantes, profesores, periodistas, médicos, solo por proporcionar ayuda a las víctimas”, opinó Quezada.
Otros docentes ya han denunciado que también recibieron cartas de despidos y no solo a nivel universitario, sino también se han empezado a destituir profesores de educación primaria y secundaria.
“Las destituciones se debieron a que ejercimos nuestro derecho a la libre expresión”, denunció al diario Metro uno de los maestros despedidos.
La información de los despidos masivos por motivos políticos ya fue confirmada por el procurador laboral y abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), José Antonio López, quien resaltó además que esta depuración se está llevando a cabo en todos los sectores públicos.
“Cacería” mediante redes sociales
López aprovechó la oportunidad de denunciar que entre los allegados del orteguismo circula “de forma anónima” un documento que orienta a la depuración de los empleados que trabajen en el sector público y que expresen de alguna manera que no están de acuerdo con el régimen o con alguna de sus acciones.
Según el abogado defensor de los derechos humanos, se toma en cuenta quienes no asistan a los eventos oficialistas y/o a quienes participen en marchas o actividades antigubernamentales.
Asimismo, están en riesgo aquellas personas que se rehúsen a usar camisas y banderas del partido político del de Daniel Ortega.
López aseguró que incluso están atentos a las redes sociales para identificar a quienes publiquen mensajes que puedan denotar algún desacuerdo con las medidas del Gobierno.
Según indicó el procurador laboral, incluso le han hecho llegar información que el nuevo lema del Gobierno es el de priorizar el trabajo a los sandinistas leales.
“Cada puesto de trabajo en el Estado que esté en manos de un traidor, que pase a manos de un sandinista leal y trabajador”, se leía en un mensaje que le habría llegado a servidores públicos.
López recordó que en los últimos 11 años de Gobierno, ya se han despedido a más de 30 mil empleados y desbaratado 165 sindicatos.