Venezuela: por qué plebiscito sí y elecciones no

No es Juan Guaidó sino el pueblo venezolano el que debe decidir si autoriza o no el uso de la fuerza en nuestro país

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La creación de nuestra base legal debe nacer soberanía popular. (Foto: Flickr)

De un reciente artículo publicado por el portal Primer Informe, firmado por James Dobbins, exasesor para el hemisferio occidental del expresidente norteamericano Bill Clinton, y socio principal de la Corporación Rand, extraigo las siguientes palabras: «Si la administración Trump se toma en serio la preparación para una intervención militar (…) tendrían que generar apoyo regional, e idealmente, participación de otros países en la intervención; posicionar sus fuerzas para mostrar que va en serio; y crear una base legal para el uso de la fuerza, como una solicitud formal del gobierno internacionalmente reconocido de Juan Guaidó«.

La creación de la base legal a la que se refiere el experto norteamericano para el uso de la fuerza exterior solo debe nacer del depositario de la soberanía popular. No es Juan Guaidó sino el pueblo venezolano el que debe decidir si autoriza o no el uso de la fuerza en nuestro país; ni siquiera le corresponde al Parlamento, que se ha negado reiteradamente a autorizar la aplicación del artículo 187, numeral 11, y cuyos diputados nunca estuvieron dispuestos a sacar a Maduro sino negociar con su régimen, como se demostró el 30 de abril. En este contexto,  es necesario concluir que la secuencia que nos vendieron desde el principio no tuvo nunca validez alguna, y que lo que primó siempre fue un acuerdo negociado por elecciones, que es lo que históricamente han deseado los partidos opositores desde que se instaló la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016.

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A todos nos luce que los errores cometidos el 23 de febrero y 30 de abril le han restado una importante credibilidad internacional al gobierno interino de Juan Guaidó, y en especial con el aliado que más nos ha respaldado, Estados Unidos, por lo que los venezolanos no tendríamos otra alternativa que plegarnos a una negociación con el régimen y su oposición oficial, que desean elecciones en los términos harto conocidos por los venezolanos, con una comunidad internacional que no desea intervenir militarmente en el país.

Está pues servida la mesa para que nos hagan creer que solo nos queda la vía electoral para resolver la crisis. Y esa solución, lejos de resolverla, la profundiza, porque no se ha resuelto todavía uno de los pilares fundamentales del sostenimiento del régimen, y que siempre ha sido ignorado por quienes han cohabitado por años: el sistema electoral. Lo he afirmado antes muchas veces, y lo afirmaré hoy de nuevo:  no se puede seguir utilizando el sistema automatizado del CNE.

No es suficiente cambiar los rectores del CNE y actualizar el Registro Electoral. ¡Hay que hacer una reingeniería completa del sistema electoral antes de celebrar cualquier otra elección en el país! ¡Y eso no se puede hacer con ellos en Miraflores! El solo leer la sentencia expediente No. SE-2018-001 de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio de fecha 13 de junio de 2018, del cual tuve el honor de ser convocado como testigo técnico, da cuenta de la gravedad de la situación del Poder Electoral venezolano, al punto que ese Alto Tribunal declaró nulo el uso del sistema de voto automatizado para elecciones en Venezuela, lo que amerita un profundo cambio del Poder Electoral venezolano.

Solamente con esa sentencia del TSJ legítimo del 13 de junio de 2018, cualquier solución electoral en los términos planteados por el régimen y la oposición oficial no constituye una salida a la crisis. Se debe entonces recurrir a la fuente misma de donde nacen las instituciones, que no es otra que la soberanía popular, que excluya totalmente ese cáncer institucional llamado CNE con todas sus máquinas y procedimientos, y volver al principio mismo de contar los votos uno por uno.

Si la comunidad internacional insiste en una solución electoral es porque reconoce sin lugar a dudas que hay que recurrir a la soberanía popular y contar los votos para resolver nuestras diferencias. Debemos entonces convencerlos de que nosotros desde la sociedad civil también creemos en esa vía pero no en los términos planteados por el régimen y la oposición oficial. Debemos convencerlos de que un plebiscito es también un mecanismo electoral pero con la diferencia que puede poner en manos del pueblo la decisión trascendental de decidir la continuidad del régimen por la vía de los votos, de una manera pacífica y constitucional, supervisada y sin la intervención de las instituciones secuestradas por Maduro.

Ir a unas elecciones con el régimen y su sistema implica que toleramos su existencia después de haberlo desconocido y le damos beligerancia política al aceptar los resultados electorales que salgan de esos comicios, con un sistema que de antemano sabemos está corrompido. Con un plebiscito, en los términos enunciados aquí no sería así. ¿Y por qué no? Porque de lo que se trata precisamente es de someter a la consideración de la soberanía popular priginaria la decisión trascendental acerca de la existencia misma del régimen, es decir, si lo queremos o no lo queremos, con todo lo que ello implica, incluida su expulsión de la vida política del país.

¿Cómo llevar al régimen a ese juicio de la soberanía del pueblo? No es de ninguna manera fácil. Es claro que la tiranía de Maduro no deseará el conteo de votos de una manera abierta y supervisada por la comunidad internacional, a sabiendas que perderá el juicio popular. Es allí donde la presión externa de todos los países amigos, en especial la del Secretario General de la OEA Luis Almagro, el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de Colombia y Brasil, que deben comenzar a ejercerse con mayor profundidad para obligarlo a contarse en esos términos y no en otros. La comunidad onternacional debe ser la primera convencida de esta solución, aumentando y profundizando las sanciones ya aplicadas, hasta que el régimen acepte ir a un plebiscito.

En este momento los países que nos apoyan hacen presión con las sanciones pero solo para que el régimen regrese por su cuenta al respeto de la Constitución, cosa que no ha pasado, pero que indudablemente les ha afectado, con su consiguiente debilitamiento, mas no el quiebre de la dictadura. Con la solución plebiscitaria, la presión de la comunidad internacional se concentraría en un único y solo propósito: que el régimen acepte contarse en un plebiscito. Esto aumentaría la presión de manera determinante porque sería una presión focalizada y dirigida a un solo único y claro objetivo, y no a uno difuso y general como ocurre ahora, dando una dirección unificada a las protestas que ocurran en Venezuela con una exigencia clara al régimen: que se cuenten en términos plebiscitarios.

El plebiscito se haría con la colaboración de la sociedad civil y los partidos políticos que así lo decidan, sin la intervención del CNE, no solo por estar corrompido hasta los cimientos sino porque además este instrumento no es de su competencia constitucional (artículo 70), por lo que su realización resultaría además mucho más ágil e inmediata que una elección, contando siempre con el apoyo y supervisión de organismos internacionales (OEA y UE). Al aumentar la presión ejercida desde afuera, pero también desde las mismas entrañas del país, el régimen comenzará a solicitar «negociar» los términos de su sometimiento a la voluntad del pueblo. Es allí donde comenzaría la única negociación posible con ellos: la de los términos de su salida.

Pero, ¿cómo se haría para que el régimen cumpla con el resultado de ese plebiscito? La respuesta a esa pregunta va de la mano con la aceptación del instrumento: de no cumplir el mandato popular emanado de las urnas de ese plebiscito, el pueblo le estaría dando la base legal necesaria al mundo para una intervención humanitaria que haga cumplir la decisión del soberano, no teniendo la comunidad internacional manera alguna de evitar el cumplimento de la Responsabilidad de Proteger (R2P) en Venezuela de acuerdo a los términos concebidos en la Asamblea General de la ONU del año 2005. Y para lograrlo de la manera más expedita y con la colaboración del único poder legítimo en Venezuela, la Asamblea Nacional no tendría más excusas para negarse a aprobar la presencia de fuerzas extranjeras dentro del país para apoyar lo decidido por el pueblo en el plebiscito, a través de su atribución establecida en la Constitución en el artículo 187, numeral 11.

Un plebiscito es una solución que se contrapone a las negociaciones encubiertas con el régimen por parte de una oposición decidida a cohabitar para asegurar por la vía electoral su permanencia en las estructuras del poder. Daría continuidad a la promesa hecha a los venezolanos el 23 de enero de terminar inmediatamente con la usurpación.

Sin embargo, la solución plebiscitaria no es mágica. Conlleva trabajo y esfuerzo, tanto nacional como internacionalmente, para convencer a mucha gente. El plebiscito propuesto es intrínsecamente mucho más que una mera consulta popular como se ha pretendido hacer ver para descalificarlo. Podría considerarse que es, en palabras de Luis Almagro, un proceso «de acumulación política», porque estaríamos planteando etapas claras, que al irse ejecutando reunirían todas las piezas de un complejo rompecabezas político que daría como resultado la recuperación de nuestra libertad.

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