Venezuela por una nueva trilogía: plebiscito, Consejo de Gobierno y Constituyente

El cese la usurpación ha tardado en llegar. No obstante, cuando esta instancia sí suceda, ¿qué pasará el día después en Venezuela?

Después del caos, ¿cómo se reconstruye a Venezuela? (Foto: Flickr)

No es fácil concebir una propuesta alternativa sin decir qué pasará después de que la apliques. Hasta ahora, la propuesta plebiscitaria llega hasta la salida del régimen de Nicolás Maduro, y se presenta como una solución al «cese de la usurpación» en contraposición a elecciones, que nadie en su sana lógica logra entender cómo serviría para quitar al tirano de su puesto. ¿Cómo se expulsa a alguien del poder compitiendo con él en elecciones y cuyo sistema maneja? Si no fuera un asunto tan serio, diría que es un chiste.

La lógica supone que tal persona debería ser removido previamente a través de un mecanismo constitucional (esto es, cesar la usurpación), para luego proceder a conformar un Gobierno de Transición que convoque a unas elecciones libres. Pero esa lógica irrebatible (que no inventamos nosotros) está siendo rechazada por la oposición oficial, al punto de ser ahora un estorbo para quienes aprobaron el estatuto de la Transición que fue el que la estableció.

Negociar unas elecciones (y otras cosas importantes de la vida del país que aún no conocemos) para convivir con el régimen, es lo que está a la orden del día de la oposición oficial. No están siguiendo el orden establecido en el estatuto de la Transición, así nos digan que negocian para el «cese de la usurpación». Lo que nos están vendiendo va en contra del sentido común. De allí que todos los venezolanos esperemos con cierta ansiedad el resultado de esas negociaciones de Barbados (celebradas antes en Oslo, Noruega) para pronunciarnos definitivamente acerca de esa desprolijidad que lo único que ha tenido de exitoso es haberle dado más tiempo a Maduro en el poder.

Luchando contra esa lógica electoral, un plebiscito otorga al pueblo las herramientas para que sean los venezolanos quienes decidan la continuidad del régimen de Maduro, aunque muchos se pregunten cómo puede ser posible sacudirse una tiranía con votos.

Sin embargo, no quiero detenerme aquí en el mecanismo del plebiscito planteado, que creo que está suficientemente explicado en mis notas anteriores, sino ver un poco más allá, en lo que debería ocurrir al cesar la usurpación.

Es allí donde creo que debería empezar a desarrollarse más análisis porque es de lo que menos se ha hablado en toda esta historia. El régimen y el castrochavismo no se irán de la estructura del Estado ni de la realidad política venezolana inmediatamente, incluso aunque los venezolanos lo decidamos y tengamos la ayuda externa para expulsarlos del poder.

Habrá un período especial en la vida del país que denominamos «transición», en el cual se necesitará tomar decisiones muy duras que requerirán de mucha experiencia política y sabiduría, algo de lo consistentemente han demostrado carecer quienes nos han llevado hasta este momento, ya a dos intentos fallidos de recuperación y utilizando la estructura criminal del régimen. Tanto el 23 de febrero como el 30 de abril, la oposición oficial realizó negociaciones fallidas encubiertas con parte de esa estructura criminal, y que luego siguieron abiertas en Noruega y Barbados. Si por alguna providencia la sociedad civil, a través de un proceso plebiscitario, logra la recuperación de Venezuela de manos de estos secuestradores, el control del país caerá constitucionalmente en manos de los novatos que negociaron con el régimen. No se nos puede olvidar ese detalle ni por un segundo.

No se nos puede olvidar que los partidos que establecieron el estatuto de la Transición y acordaron a regañadientes que Juan Guaidó ejerciera un mandato mediatizado como Presidente Encargado de la República, sin ejercer todas sus atribuciones constitucionales, son las personas que gobernarían el país después de Maduro, de acuerdo a ese estatuto, y por supuesto de acuerdo al mandato constitucional del artículo 233. Sería poco menos que una ingenuidad pensar que la maraña de corrupción política con la que se pensaba gobernar el 30 de abril quedara disuelta después del «cese de la usurpación». ¿Cómo se puede evitar eso?

Alguien podrá decirme «usted lo que quiere es que nos coma el tigre», argumentando que después de que se vaya el régimen todas esos asuntos se podrán controlar porque estará gobernando «la oposición». A ellos, deberé indicar respetuosamente que se bajen de esa nube. El país estará completamente descuadernado y destruido institucionalmente, por lo que cualquiera que le ponga las manos, hará con él prácticamente lo que le venga en gana. ¿Contaremos con instituciones para controlar la corrupción de los nuevos gobernantes y evitar el «quítate tú para ponerme yo» que seguramente vendrá, que se aprovechará del descontrol y del caos que nos dejarán? No, porque esas instituciones habrá que construirlas durante el período de la transición. Pero, ¿y mientras tanto, qué?

Durante la transición, los venezolanos debemos exigir que no sea solamente Juan Guaidó el que esté al frente del nuevo gobierno, como está establecido en el estatuto de la Transición, sino que sea un Consejo de Gobierno que encabece el Presidente Encargado, representativo de la sociedad civil y compuesto por personalidades en las que el país confíe. Que no esté solamente allí el país político que resulte heredero sino el país nacional, con personalidades representativas de la vida del país, y con la suficiente experiencia política y administrativa para apoyar el proceso complejo que deberá encarar esta dirigencia novata, y sobre quien recaerá la responsabilidad de conducir el país después de salir de la tragedia de este régimen.

En este sentido, la Asamblea Nacional, de acuerdo al estatuto de la Transición, tiene la obligación de «articular acciones con la sociedad civil para promover mecanismos de participación ciudadana que legitimen el proceso de transición democrática y favorezcan la cesación de la usurpación de los poderes presidenciales por parte de Nicolás Maduro Moros» (artículo 16.6 de la Ley del estatuto que rige la Transición). ¿Y qué mayor participación ciudadana que una representación calificada de la sociedad civil democrática que conduzca conjuntamente con Juan Guaidó el destino del país en el que sería el momento más importante de la historia de Venezuela?

Esta interpretación del etatuto de la Transición a favor de los ciudadanos es necesaria para salvaguardar los intereses de los venezolanos hasta que pueda ser construida una base mínima de institucionalidad que proteja los intereses de todos, comenzando por el sistema de Justicia. Debemos lograr que luego de esta tragedia, el país no sea manejado por personas ni por partidos sino por instituciones que puedan ser controladas por los ciudadanos. Y esto nos lleva al siguiente paso de esta trilogía propuesta: un verdadero proceso Constituyente de carácter originario que dé paso a una nueva institucionalización de Venezuela.

Algunos podrán decir que estoy adelantando demasiado los acontecimientos y tal vez tengan razón. Sin embargo, ese Gobierno de Transición está en la obligación ética y moral de tomar las decisiones que nos lleven sentar las bases de una nueva estructura de funcionamiento político, económico y social del país después de la destrucción socialista. Y eso no lo puede hacer solamente la fracción política que resulte gobernante. Sería, además de excluyente, aberrante. En esa histórica tarea deben y tienen que intervenir todos los venezolanos a través de su representación genuina. Y eso no se puede lograr sino a través de un proceso Constituyente originario que convoque la representación legítima de todos los ciudadanos. Juan Guaidó y ese Consejo de Gobierno tienen la altísima responsabilidad de convocar y consultar al país la realización de un proceso Constituyente de carácter originario para rehacer las bases institucionales de este país destruido. A la finalización de ese proceso constructivo, que incluye el Poder Electoral, se debe convocar a unas elecciones libres, justas y transparentes que maneje el inicio de una nueva Venezuela.

Debemos pensar ahora en una nueva trilogía posible, compuesta por un plebiscito para el «cese de la usurpación», un Consejo de Gobierno para la Transición, que incluya a la sociedad civil como garantía de los ciudadanos de un gobierno decente durante esta última, y finalmente, la convocatoria al Constituyente originario que construya el país sobre nuevas bases políticas, económicas y sociales, para la Venezuela de las nuevas generaciones.

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