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Nuevamente el inicio del ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires está enmarcado en un conflicto del gobierno con el gremio docente.
Toda la discusión educativa esta relacionada con el conflicto salarial (que sería simplemente solucionado con la implementación de incentivos de mercado) y no se discuten las verdaderas problemáticas en torno al ámbito educativo que está cada vez peor.
Las infraestructuras de las escuelas estatales se caen a pedazos, el problema del bullying (matoneo) viene en aumento, los alumnos no comprenden textos y lo único que les queda a los egresados es el adoctrinamiento impuesto por los currículos ministeriales.
La cuestión del contenido ideológico se repite sistemáticamente en las escuelas del sector privado. Estas, si bien tienen infraestructuras más agradables y los alumnos se encuentran en ambientes más tranquilos, al igual que las escuelas del sector estatal, sus contenidos educativos están a merced del Ministerio de Educación.
A la hora de pensar soluciones para estos problemas hay que considerar la discusión de ciertos tópicos que lamentablemente no forman parte de la agenda política:
1) Diferenciar entre educación y escolarización.
2) Liberar de contenidos y reglamentos a las instituciones educativas.
3) Reducir la carga impositiva y regulaciones para fomentar centros de estudio accesibles.
4) Invertir el subsidio a la demanda en lugar de la oferta en el marco de la educación que brinda el estado.
En relación al primer punto la diferenciación de lo que significa la educación como concepto, y la escolarización, es fundamental para relativizar el monopolio de la escuela como herramienta para brindar conocimientos a una persona. Se suele pensar que por el hecho de haber atravesado la educación formal una persona está educada y se desconoce por completo la capacidad de educarse por afuera del sistema. Hoy, la existencia de una computadora con Internet puede resultar más productiva para una mente curiosa que un curso donde se imparten los mismos contenidos a un grupo ordenado por edades.
Si bien casi nadie discute este formato, lo cierto es que es absurdo para los tiempos que corren. Tomar un grupo de estudiantes ordenados por edad y darles el mismo contenido sin importar sus inquietudes es atentar contra el individualismo de cada uno y su potencial productividad.
Cada escuela debería ser libre de innovar contenidos y metodologías. No hay posibilidades de poder medir el éxito de un sistema si es monopólico. A esta idea se le suele cuestionar que si una escuela es libre de dar sus propios contenidos, es posible que surjan escuelas que no enseñen cosas de utilidad básica como leer y escribir o sumar y restar. Es por esto que, en teoría, hacen falta contenidos impuestos por el estado. Ahora ¿Alguien llevaría a sus hijos a una escuela que no enseñe lo mínimo e indispensable? Si una escuela quiere ser exitosa, y depende de sus ingresos, buscará dar un servicio de calidad.
Si la educación es tan importante como dicen todos los políticos ¿Por qué no se fomenta una desregulación que permita abaratar los valores del sector privado? Los costos aquí no representan lo que serían precios de mercado.
Para instaurar un centro educativo hay que cumplir con incontables regulaciones como tener grandes edificios, un número determinado de carreras, salarios mínimos para todo el personal y una serie de cosas que encarecen artificialmente la oferta. Si un grupo de tres o cuatro maestros hoy deseara poner un centro de estudios, imaginemos, en una casa, sería clausurado por no cumplir con las reglamentaciones burocráticas.
Las trabas a un mercado competitivo encarecen los costos e impiden la cultura emprendedora. Los jóvenes maestros tienen como única preocupación conseguir empleo en una escuela y mantenerlo porque el Estado les ha impedido el sueño de un emprendimiento propio. La diversificación que produciría una desregulación del ámbito educativo abarataría los costos al punto que una educación privada sería accesible para todos.
En el marco del desastre total actual del sistema educativo los «preocupados» por este asunto tienen como único objetivo poner más y más plata del presupuesto y no cuestionan el resultado de la inversión. La argentina de los Kirchner dejó, sin embargo, una lección que debería ser tomada en cuenta: nunca antes se había destinado tanto dinero a la educación pública y nunca antes, tampoco, se habían obtenido tan malos resultados.
Como muestra de esto el país fue sancionado y excluido de las pruebas Pisa. No solo por el mal desempeño, sino por adulterar las muestras. Si los abanderados de la «educación gratuita» (cabe recordar que nada es gratis) estarían interesados verdaderamente en la educación, deberían aceptar que el subsidio sea a la persona que reciba la educación y no al ente que la brinda. De esta manera, un sistema de «cheques escolares» o «vouchers» haría que cada billete destinado a la educación se gaste de la mejor manera. Claro que los sindicatos no buscan mejorar el sistema, sino incrementar sus privilegios. Es por eso que hay que forzarlos a dar este debate y presionar desde la opinión pública.
Un tema que no puede dejarse de lado es el bullying que sufren miles de alumnos, que incluso ha llevado a varios al suicidio. Desde que el Ministerio de Educación en Argentina ha incrementado su influencia en las escuelas, las autoridades temen imponer sanciones disciplinarias a los alumnos.
El Estado ha decretado para todos sus estamentos que los victimarios también son víctimas y que el castigo o la sanción es prácticamente fascista. Esta cultura que libera delincuentes de las cárceles (o directamente no los condena) tiene su correlato dentro de las escuelas y hace que muchos jóvenes la pasen muy mal. Es necesario que cada institución sea libre e independiente de generar su propio reglamento sin temores a las autoridades gubernamentales.
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