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Lo que se juega esta semana en Washington no es solo el futuro de Venezuela: la región asiste a una prueba de fuego que consolidará su democracia, siempre incipiente o, por el contrario, augurará un porvenir sombrío para América Latina.
Cuando la pesadilla de los neoautoritarismos parece quedar atrás (uno de los últimos vestigios, el del Gobierno de Rafael Correa en Ecuador, puede perecer el mes que viene), el que en la sede de la Organización de Estados Americanos se decida en favor o en contra de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el régimen de Nicolás Maduro puede ser la última carta a favor del pueblo venezolano.
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El segundo, y demoledor, informe de Luis Almagro, publicado el 14 de marzo, pone el dedo en la llaga: en Venezuela no hay democracia. No se respeta la elección popular: todos los procesos comiciales están suspendidos sine díe y la elección parlamentaria, del pasado 6 de diciembre, ha sido anulada por la vía de los hechos. Además, el derecho a un referendo revocatorio ha sido conculcado con argumentos falaces.
Todo esto ha sido logrado por la vía de tribunales completamente cooptados por el Gobierno de Maduro. Para más, en las pocas oportunidades en las que un tribunal falla a favor de un preso político (hay más de 100), la policía política ignora la sentencia. Todo, en un marco en el que, como señala atinadamente el excanciller uruguayo, la corrupción campea y el “diálogo” solo le ha servido a Maduro para ganar tiempo y recrudecer la represión.
Almagro, en una intervención reciente en Miami, Estados Unidos, hizo un excelente resumen de su documento. Atención al minuto 5:45, donde el secretario general de la OEA explica cómo a Tareck El Aissami, vicepresidente venezolano, se le han incautado más de US $3 mil millones en activos:
Los votos necesarios
Los 14 países más importantes de la región dieron a conocer el viernes 24 de marzo una petición para que la región presione al régimen de Maduro para que lleve a cabo las elecciones; al menos, las que han sido suspendidas o postergadas inconstitucionalmente por el Gobierno venezolano, a través de su poder electoral sumiso. A estos 14 votos se suman otros cuatro, de islas caribeñas, con los cuales se podrá realizar la sesión en la OEA en la que se discutirá el informe de Luis Almagro y se debatirá la aplicación de la Carta Democrática.
Sin embargo, muchos de estos 14 países, con México (que fue el de la iniciativa) a la cabeza, han señalado que no desean excluir a Venezuela de la OEA, como lo señala el informe de Almagro, sino llevar al país al cauce democrático. Para suspender a Venezuela se requieren 24 votos, difíciles de conseguir, porque implicarían varios del Caribe, que en su mayoría han sido cooptados por Venezuela a través del mecanismo de Petrocaribe.
Sin embargo, la decisión, tras discutir el informe, sí podría ser aplicar la Carta Democrática en forma de un grupo más amplio de amigos que los del diálogo falaz promovido por Maduro, que ha tenido en José Luis Rodríguez Zapatero, principalmente, una especie de canciller oficioso de su régimen, y de justificador de sus tropelías, justificación que tuvo eco en un inexplicable editorial del diario El Tiempo (Colombia), aparentemente no seguido por el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo gobierno forma parte de los 18 que piden una salida democrática a la crisis en Venezuela.
Las falacias del chavismo
Mientras los argumentos de Almagro son contundentes, directos e innegables para cualquiera, con solo mirar la prensa, o la realidad de las calles, la respuesta de Nicolás Maduro es la típica de las dictaduras comunistas: la recurrencia a las falacias ad hominem (desacreditar a Almagro como agente de la CIA); a las falacias por causalidad (recurrir al argumento de traición a la Patria); y la llamada falacia del hombre de paja: se distorsiona el argumento original de Almagro para luego refutar el argumento distorsionado. Por ejemplo, se dice que la petición del secretario de la OEA busca promover una intervención extranjera en Venezuela, y luego se desacredita este argumento.
Todas estas falacias serán presentadas este lunes, sin duda, cuando la canciller venezolana Delcy Rodríguez (con formación en Cuba, como denota hasta su acento antillano) se presente, a petición del Gobierno venezolano, ante el Consejo Permanente de la OEA, como paso previo a la reunión del martes, para presentar sus alegatos, que ya fueron adelantados por Maduro el sábado en una conversación que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto, de México, y Juan Carlos Varela, de Panamá.
La visión del Gobierno venezolano es la de señalar que no se puede solicitar un consejo permanente sobre Venezuela sin autorización del mismo Gobierno; que la actuación de Almagro es “ilícita y desequilibrada”, y vuelve a recurrir al argumento de “no intervención en sus asuntos internos”.
Olvida Maduro que él mismo, como canciller, solicitó la aplicación de la Carta Democrática contra Honduras, en 2009, y contra Paraguay, en 2012; y que en este último caso solicitó mucho más que eso, trató de promover una intervención militar y tuvo que salir de carrerilla de Asunción.
Pero esta es solo una muestra más de lo que los venezolanos tenemos que soportar cotidianamente del verbo presidencial: mentiras y medias verdades combinadas en un discurso soez, y más que eso: insustancial y alejado de los verdaderos problemas que aquejan a los venezolanos.
¡El que tenga ojos que vea! Nicolás Maduro aplaudió en 2009 aplicación de Carta Democrática a Honduras y exigió acatar decisión de la OEA pic.twitter.com/GDD7b2XMNj
— Luis Florido (@LuisFlorido) March 17, 2017
Lo que sigue
Independientemente de que la Carta Democrática no termine aprobándose, está claro, o parece estarlo, que los países grandes de la región se han cansado de Maduro. Sin embargo, que se apruebe la Carta Democrática contra el Gobierno del chavismo podría forzar el camino de las elecciones, o al menos impedir que en el país, y como lo desea Maduro, se instaure una “democracia a la nicaragüense”, es decir, sin partidos opositores; en otras palabras, una dictadura en la que se vota pero no se elige. Como lo señaló Ricardo Hausmann en una preclara entrevista en El País, los venezolanos solo saben luchar con armas democráticas contra un Gobierno dispuesto a todo, necesitan ayuda internacional.
Más allá, Maduro ha referido, en varias oportunidades, su deseo de que Venezuela “trascienda la democracia burguesa, y se transforme en una verdadera democracia popular, en una democracia directa”. El comentario no merece mayor explicación: “Democracias populares” son las comunistas, y “democracia directa” o “democracia orgánica” han sido términos utilizados por, entre otros, Francisco Franco y Anastasio Somoza. Es decir, dictaduras puras y duras.
Evitarle este dolor a Venezuela está en las manos de las naciones de la región, toda vez que los venezolanos, tras múltiples esfuerzos y dolores, no han podido. Porque el hecho de que uno de los países más importantes del continente termine convertido en una dictadura comunista permanente, sería un peligro para toda América Latina, y un final muy triste para una nación que dio refugio a personas de todas partes y que fue un faro de democracia y libertad para la región.
