El sistema judicial venezolano no sirve a ningún ciudadano de su país, salvo, por supuesto, a aquellos que detentan el poder. Demasiado lento y corrupto en la justicia ordinaria, se vuelve, en cambio, eficiente a la hora de castigar –y con dureza extrema– a quienes se atreven a enfrentar al chavismo. Es, además, una cadena de mando, en el que en muchas oportunidades jueces y fiscales actúan coludidos para dañar a la disidencia y en el que desde el Tribunal Supremo de Justicia van bajando las órdenes hasta llegar a aplastar al individuo.
Así lo afirmaron al PanAm Post tres expertos independientes a los que se les hizo una sola pregunta: ¿cómo funciona hoy el sistema judicial venezolano? Son abogados litigantes, personas que están todos los días inmersos en el sistema de justicia, Elenis Rodrìguez, directora de la Fundación Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), y Laura Louza, de la ONG Acceso a la Justicia, o profesores universitarios, como es el caso de Luis Salamanca, constitucionalista y politólogo.
Lo que cuentan puede ser motivo de sorpresa para cualquier persona que lea esta nota fuera de Venezuela, pero para los venezolanos es la manera como nos hemos acostumbrado a ver un poder judicial que ha pasado de tener taras y corrupción a ser completamente inviable, y una fuente inagotable de violencia y conflictos, pues, como señala Louza, donde no hay posibilidad de acceder a la ella, se pierde la intermediación; y donde se pierde la intermediación, el arbitraje, surge la conflictividad.
Por su parte, Rodríguez señala que se ha llegado a extremos como que ya ni siquiera esta justicia, corrompida y desigual, sirve, y ahora se envía a los disidentes a tribunales militares o se les mantiene presos sin fórmula de juicio en las mazmorras del tenebroso Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
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Según se cuenta en el poder judicial, señaló un periodista relacionado con la fuente, que pidió el anonimato, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, se trasladó a la sede de la policía política a abogar por el cumplimiento de las 28 boletas de excarcelación que el Sebin irrespeta porque le da la gana; allí le dijeron que se fuera de la comandancia si no quería que lo dejaran preso a él también.
Verdad o no, que esto sea incluso un rumor sin fundamento en la Venezuela de hoy indica cómo están las cosas.
Calco del sistema soviético
Salamanca, abogado constitucionalista, profesor de Derecho de la UCAB y politólogo, señala que el sistema judicial venezolano tiene elementos del cubano, aunque en ese país para ser juez hay que ser miembro del partido Comunista, algo que no sucede en Venezuela; y que para efectos políticos, guarda gran similitud con los sistemas judiciales de los “socialismos reales” de la Europa del Este hasta la caída del Muro de Berlín, “e incluso, a veces, con sistemas fascistas como el Nazi, o el italiano de la década de 1930”.
El Tribunal Supremo no ha llegado a decir, como dijeron sus pares alemanes en 1939, que “la Constitución es la Voluntad del Fuhrer”, como señala el libro Los Juristas del Horror, de Ingo Muller, pero se le han acercado bastante con las infames sentencias 155 y 156, que levantaron la alarma internacional. De hecho, las decisiones del TSJ venezolano son ricas en alusiones a Carl Schmitt, un teórico del derecho antiliberal y de la supremacía del Estado sobre el individuo.
“Chávez creó un modelo judicial, que ha llegado a niveles de descomposición muy grande, que podemos llamar ‘modelo de justicia revolucionario’ y que básicamente, para la justicia ordinaria, es un sistema judicial que funciona muy lentamente, y es poco confiable, por la penetración de la corrupción; pero desde el punto de vista del ejercicio de derechos políticos, el sistema funciona para proteger a los chavistas y enjuiciar a los opositores, hasta el punto de que Maduro se da el lujo, como también hacía Chávez, de pedir prisión y años de cárcel determinados para determinadas personas, y el sistema inmediatamente se activa”, señala el experto.
En el caso de Leopoldo López, indica Salamanca, a modo de ejemplo, se llegó a “un récord mundial”, que fue “impedir que un procesado penal presentara testigos y pruebas en su descargo. Le negaron la posibilidad de defenderse”. “Llegamos a extremos donde a López, los altos jerarcas del régimen, lo califican como asesino, cuando en su condena no está el delito de homicidio”.
La frase “para mis amigos todo; para mis enemigos, la Ley”, que se le atribuye (entre otros) al dictador peruano Oscar Benavides, encaja perfectamente en lo que sucede hoy en Venezuela, indica Elenis Rodríguez.
“Tenemos un poder judicial que no es un poder judicial, sino un paredón, para ajusticiar a los que se atreven a protestar, especialmente los más jóvenes, contra un régimen que ya no es capaz ni de brindar los más elementales derechos, como alimentación, medicinas o seguridad, y que al no tener nada ya no tienen nada qué perder; entonces, el poder judicial funciona como un mecanismo de amedrentamiento; quienes salen a la calle tienen el ejemplo de lo que les pasa a los que van quedando detenidos. Intenta darle legalidad a un Gobierno represor”.
En este sentido, según las palabras de la abogada, el poder judicial venezolano es el equivalente “legal” de la Guardia Nacional o a los “colectivos”: otro mecanismo de amedrentamiento. Otra barricada entre los venezolanos y la democracia que han perdido, poco a poco, en los últimos 18 años, y con gran velocidad en los últimos cuatro.
Cómo (no) funciona
En el corazón del problema están las reformas judiciales que se vienen elaborando desde que Hugo Chávez, en el 2005, reformó la Ley del Tribunal Supremo de Justicia a través de un parlamento compuesto solo de chavistas. Esta ley, señala Louza, tiene visos de inconstitucionalidad en la selección y designación de los magistrados, pero, incluso, esta misma Ley, ya inconstitucional, fue violada en la selección de los magistrados que fueron designados luego de su aprobación, y muy especialmente en 2015, en el interregno entre la Asamblea Nacional dominada por el chavismo y esta, en la que la oposición tiene 112 diputados.
“A veces las leyes están mal redactadas, o tienen visos de inconstitucionalidad, pero eso ya ni siquiera importa, porque ni siquiera esas leyes se cumplen”, señaló la vocera de la ONG Acceso a la Justicia,
Rodríguez, a su vez, cita como ejemplo lo que está viviendo en estos días en su labor de defender a 13 jóvenes detenidos el 6 de abril como parte de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Hemos visto como la Fiscalía da la opción de ponerlos en régimen de presentación, pero los tribunales exigen una fianza, una fianza que en la práctica es una forma de mantenerlos detenidos”, indica. De sus 13 defendidos, seis ya han completado el procedimiento para salir en libertad con una medida cautelar, pero no se logra, pues el Sebin, sencillamente no acepta las boletas de excarcelación que envía el tribunal. “Por los alguaciles me enteré de que el presidente del circuito judicial de Caracas va a mediar en el caso con el Sebin, pero no tiene nada que mediar, y eso en la práctica se constituye en otra alcabala para impedir la libertad de los jóvenes”, indicó.
En el núcleo del problema, afirma Laura Louza, está la titularidad de los jueces. 80 % de los jueces del país son provisionales, y elegidos por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo, que está constituido por un magistrado de cada sala. Las leyes dictan que los jueces deben ser electos por un Comité de Postulaciones Judiciales, en el que participe la sociedad civil y se designen los jueces por concurso.
Quiénes mandan, quiénes obedecen
Tanto Rodríguez como Salamanca concuerdan en que el poder judicial venezolano sigue una línea de mando: en la cúspide están personajes como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello (a quien, según el profesor de la UCAB, se le atribuye ser el poder real del Sebin) y el resto de gerifaltes del chavismo. En el fondo, los jueces provisorios “siguen los dictados que les llegan desde arriba, y con eso dañan vidas y el futuro de los jóvenes, en vez de obedecer a su conciencia y a la Constitución”, señala la directora de la Fundeci.
La abogada indica que “ante los propios ojos de nosotros, los abogados defensores, hemos visto cómo fiscales y jueces indican que no pueden decidir porque ‘están esperando línea’. Como abogada, siento vergüenza cuando esto pasa. La línea baja en una cadena, el Circuito Judicial de cada estado ‘tira línea’ a los jueces, y a estos les toca obedecer”.
Por su parte, Salamanca señala que en teoría los casos se reparten por sorteo, pero esto no se está cumpliendo, y los casos políticos llegan solo a los jueces “comprometidos” con la causa.
Tiende a mejorar, tiende a agravarse
Como Laura Louza, Salamanca señala también que desde que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, calificó como una “ruptura del orden constitucional” las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, la situación judicial se ha agravado. Fue Ortega Díaz, hace una semana, la que señaló, igualmente, que hay tribunales imputando a detenidos, lo cual violenta las leyes venezolanas, que atribuyen al Ministerio Público la exclusividad de la acción judicial.
Es decir, un sistema que en principio es doblemente garantista (el fiscal imputa si observa delito, y al juez le toca corroborarlo) se convierte, en la práctica, en un sistema de doble acusación.
Pero no todo es negativo: Ortega, señala Salamanca, no solo le “dio un parado a la búsqueda del poder absoluto por parte de Maduro y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, sino que le metió un frenazo al modelo este que avaló en el pasado y está actuando más apegada a derecho, sin que se pueda decir que Ortega llegue a ser una persona defensora de la legalidad; le falta imputar a los jueces que dejan presas a las personas a las que no acusa la Fiscalía”.
Para los comunes, la corrupción
Los tres expertos coinciden que para los casos no políticos, la regla es una extremada lentitud y complejidad, que resulta, en la práctica, en una enorme corrupción, porque la desesperación de la gente la lleva a pagar por todo en los tribunales.
Tanto Louza como Rodríguez señalan que una de las raíces del problema está en la provisionalidad de los jueces, su constante movimiento en el sistema de tribunales, lo que deja a muchos de estos tribunales acéfalos, con decenas, o centenares, de causas pendientes.
En resumen, “es un pobre poder judicial, entubado para dañar y quebrar la esperanza de las familias venezolanas”, señala Rodríguez; y “comparado con lo que teníamos en 1998, con todos los problemas que tenía aquel poder judicial, hoy luce perfecto en relación con lo que hay hoy, que es monstruoso”, indica Salamanca.