English Version
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia interpelará este sábado 14 de enero al ministro de Obras Públicas sobre la emisión del certificado de explotación aérea que se le otorgó a la aerolínea LaMia.
El ministro Milton Claros declaró en diciembre de 2016 que el Gobierno iniciará una querella contra LaMia y se investigará al interior de la empresa para determinar la situación en que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) le entregó la autorización de explotación aérea.
En la oportunidad, la autoridad añadió que se han encontrado indicios de posibles incumplimientos de deberes, incumplimiento de control interno, posiblemente, uso indebido de influencias y omisión de denuncia.
Claros dijo que se fijaron un plazo de 10 días para tener los resultados de la investigación interna en los procedimientos que siguió la DGAC para entregar el certificado de explotación aérea a favor de LaMia.
La convocatoria de la Asamblea está pautada para este sábado y la interpelación del ministro Claros está fijada para las 18:00 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.
La convocatoria expone tres puntos, el primero señala a la lectura de correspondencia, el segundo indica la interpelación del ministro de Obras Públicas y el tercer punto se pone a consideración la aprobación del decreto presidencial que tiene por objetivo establecer la concesión de amnesia o indulto.
El 28 de noviembre, el vuelo 2933 de LaMia se estrelló en el cerro El Gordo en Medellín causando la muerte de 71 personas, la mayoría jugadores y dirigentes del club de fútbol Chapecoense. Desde entonces se iniciaron las investigaciones para establecer las responsabilidades del siniestro.
Otros dos vuelos
La aerolínea LaMia ya había realizado al menos otros dos vuelos entre Bolivia y Colombia con el combustible mínimo.
Guido Colque, abogado de la exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) Celia Castedo, a quien el Gobierno boliviano responsabiliza de autorizar el vuelo, en base a datos de los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
“Realizó varios vuelos kamikazes, con permiso de la DGAC, el 22 de agosto de Medellín (Colombia) a Santa Cruz (Bolivia), otro vuelo de Cochabamba (Bolivia) a Medellín el 23 de octubre, y en ambos casos viajaba a límite de combustible”, señaló Guido Colque, abogado de Celia Castedo, exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).
Aunque el gobierno de Bolivia responsabiliza a Castedo por presuntamente autorizar el vuelo de la aeronave que se estrelló, ella insiste en que no tuvo ningún papel y que es la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) el único órgano responsable de fiscalizar los vuelos regulares, entre ellos el de la compañía LaMia.
Tripulación sin requisitos
Parte de la tripulación boliviana del avión LaMia no cumplía requisitos para efectuar el vuelo, reveló el abogado de un funcionario de aeronáutica, involucrado en los trámites de autorización.
La tripulación estaba conformada por siete personas: cinco de Bolivia, una de Paraguay y otra de Venezuela.
En la lista de fallecidos figuran los bolivianos Miguel Alejandro Quiroga Murakami, como piloto, y Fernando Ovar Goytia, como copiloto; sin embargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) habría autorizado a realizar ese viaje a Quiroga y a otro piloto, Marco Antonio Rocha Venegas.
Se desconoce por qué Fernando Ovar Goytia reemplazó a Marco Antonio Rocha, quien estaría en Paraguay.
Jaime Cernadas, abogado del técnico de la DGAC, Mauricio Durán (investigado por el caso), reveló que “sólo Miguel Alejandro Quiroga Murakami (piloto) y Marco Antonio Rocha Venegas (socio y piloto de LaMia) eran los integrantes de la tripulación que la DGAC autorizó para estar en el vuelo”.
El copiloto fallecido Ovar Goytia no cumplía con los requisitos exigidos por la DGAC para ser copiloto de un vuelo internacional, ya que tenía expirado su permiso para este tipo de operaciones.
Además, el mecánico de aviación Edwin Tumiri (sobreviviente), tampoco tenía permiso de la DGAC para realizar esas labores.
