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El chavismo consiguió la manera de acabar con la legítima Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, acudiendo convenientemente a la Constitución, pues están a punto de proponer un referendo revocatorio contra los diputados del Parlamento venezolano.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció que propondrá revocar a los diputados del Parlamento, tras alegar que, supuestamente, este se encuentran en «desacato» ante el chavista e ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Hemos recibido lineamientos (…) del primer vicepresidente del partido, el camarada Diosdado Cabello, de efectuar una evaluación en los 23 estados más el Distrito Capital para nosotros presentar una propuesta consensuada de a quiénes es que se les va a recoger las firmas para aplicarle el referéndum revocatorio”, dijo el chavista Pedro Carreño.
Carreño señaló que a los diputados de oposición se les cumple la mitad de su período y que de acuerdo con la Constitución de Venezuela puede realizarse una consulta popular si se recoge el 20 % de las firmas del padrón electoral.
El artículo 72 de la Constitución de Venezuela establece que “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables” y que “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario” se podrá solicitar la convocatoria de “un referendo para revocar su mandato”.
De realizarse dicho referendo con la ayuda del chavista Consejo Nacional Electoral (CNE), la oposición venezolana perdería la única instancia legítima y el único poder público reconocido internacionalmente.
Si el CNE aprueba la consulta y efectúa unos fraudulentos comicios, como lo hizo con la reciente elección presidencial, el chavismo logrará su cometido de apropiarse oficialmente de todas las instancias del Estado.
Hay que recordar que en el 2016 la oposición venezolana recogió firmas para revocar el mandato de Nicolás Maduro, pero el mismo CNE y el TSJ hicieron hasta lo «imposible» para que no se diera. De hecho, tras una serie de trabas, el Poder Judicial y el Electoral, sin mostrar pruebas, suspendieron la consulta por un supuesto fraude de rúbricas.
Y es que el chavismo, a través de la Constituyente y del Tribunal Supremo de Justicia, han buscado todas las formas de anular al Parlamento venezolano; y en esta oportunidad pareciera que logrará por completo su cometido.
Ya el TSJ ha emitido 111 decisiones inconstitucionales contra la AN; con ellas los diputados no solo tienen más de dos años sin cobrar sus salarios, sino que además no han podido ejercer sus funciones legislativas al ser todas anuladas por el máximo tribunal conformado por magistrados del chavismo.
Ante la posibilidad de que la oposición venezolana pierda el único poder democrático y legítimo, PanAm Post entrevistó al diputado Ángel Álvarez, dirigente del partido Voluntad Popular y representante del estado Carabobo, quien afirmó que se trata de una nueva acción con la que el régimen quiere distraer a los venezolalanos.
Tenemos que ratificar que el oficialismo abandonó la Asamblea Nacional y que no solo ha buscado un ahogamiento económico quitándoles los sueldos a los diputados, sino que además ha emprendido la persecución y detenciones violándose la inmunidad parlamentaria.
«La AN constituye un espacio de dignidad y lucha, y haga lo que haga el oficialismo en complicidad con el chavista Consejo Nacional Electoral, nosotros los diputados no dejaremos de trabajar en todos los rincones del país por la democracia en Venezuela», agregó.
Álvarez también señaló que «Lo que ellos quieren es buscar distraer al pueblo venezolano de sus reales padecimientos, aquí el gran desafío es que los venezolanos se están muriendo de hambre, que lamentablemente el pueblo no tiene servicios públicos, que no tiene gas, transporte, que la hiperinflación nos está matando de hambre y que se están yendo millones de personas».
Que el Gobierno haga lo que quiera, que nosotros vamos a seguir luchando por Venezuela, desde la instancia que sea vamos a seguir denunciando lo que está pasando en nuestro país. Los diputados y la Asamblea Nacional de Venezuela siempre seremos un cerco de lucha y resistencia para lograr la democracia.
Un revocatorio fraudulento
Tal y como sucedió con el fraude electoral en Venezuela, donde Maduro se adjudicó su reelección, en esta oportunidad si se llega a llevar a cabo un referendo contra la Asamblea Nacional, este también debería ser desconocido por la comunidad internacional.
Para el 75 % de los venezolanos el organismo electoral de este país carece de credibilidad, por lo cual las probabilidades de que reine la abstención, tal como ocurrió el pasado 20 de mayo, son altas.
El golpe al Parlamento no es nuevo
En marzo de 2017 el chavista TSJ emitió dos sentencias en las que flagrantemente violaba la Constitución de ese país usurpando las funciones legislativas del Parlamento venezolano.
La decisión trajo como consecuencia la reacción de la comunidad internacional y el inicio de las protestas en Venezuela. Aunque el TSJ revirtió dichas sentencias, la verdad es que sobre la AN pesa una disolución en la teoría y en la práctica desde su propia elección, pues el TSJ ha emitido más de 54 sentencias que anulan por completo al Parlamento venezolano.
Hoy en día, la AN no puede legislar, no puede controlar, no puede designar rectores del CNE, ni revisar las designaciones de los magistrados del TSJ, tampoco puede aprobar contratos públicos. Todo esto luego de que el Poder Judicial la declarara en desacato.
Recuento
La primera sentencia del TSJ que atentó contra el Parlamento se dio el 30 de diciembre de 2015, cuando suspendió las proclamaciones de diputados del estado Amazonas, violando así su inmunidad parlamentaria. Las elecciones en ese estado fueron impugnadas y tres años después este caso no ha sido resuelto.
El 20 de enero de 2016, a través de una sentencia, el Poder Judicial ordenó a todos los poderes públicos cumplir con una emergencia económica declarada por Maduro; situación que debió primero haber sido discutida en el seno del Parlamento.
El 11 de febrero de 2016 la Sala Constitucional del TSJ puso en vigencia el decreto de emergencia económica, esto a pesar de su no aprobación en la AN.
Otro fallo que anula las funciones del Parlamento se dio el primero de marzo de 2016 cuando el TSJ decidió suprimir la AN en sus facultades de control político. Con ese falló decidió que el Parlamento no puede interpelar ni investigar a empleados públicos.
Con estas y otras sentencias el TSJ solo ha trabajado para beneficiar al Poder Ejecutivo con sentencias que anulan por completo las decisiones de la AN escogida democratica y legalmente por los ciudadanos venezolanos.
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