¿Es necesario violar niños para instaurar el socialismo?

Entre los guerrilleros que reciben el privilegio de la JEP, se cuentan abusadores de niños y mujeres.

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Los colombianos no queremos violadores en el Congreso (Flickr)

Después de firmado el acuerdo de La Habana entre Juan Manuel Santos y la guerrilla colombiana de las FARC, mientras los guerrilleros empezaron a ocupar escaños en el Congreso, a dar conferencias en universidades y hacer giras por Colombia como si fueran estrellas de rock, los testimonios de los niños reclutados y violados, y de las niñas obligadas a abortar después de haber vivido durante años como esclavas sexuales, se iban acumulando y horrorizando a un país que increíblemente no había todavía dimensionado, en su totalidad, la maldad de los guerrilleros de las FARC.

Los testimonios de los niños reclutados y luego esclavizados por los guerrilleros son aterradores. No son casos esporádicos de violaciones. Lo que reportan las mujeres, hombres y niñas que hacen parte de Rosa Blanca, fundación conformada por víctimas de las FARC, es que cada vez que una niña llegaba a un campamento de la guerrilla era enviada a donde el jefe guerrillero, cuando el hombre se cansaba de abusarla, la mandaba donde sus subalternos.

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Por supuesto en las violaciones no se usaba ningún tipo de anticonceptivo, de modo que las niñas, además de contraer enfermedades de transmisión sexual, quedaban embarazadas muchas veces y eran obligadas a abortar en las condiciones más horribles que alguien pueda imaginar.

Sin siquiera medicinas para calmar el dolor, en medio de la selva, sin esterilizar nada (según los relatos de las víctimas, las obligaban a abortar con ganchos, palos o alambres de púas), muchas de ellas, como es previsible, murieron en medio de esas circunstancias.

Estas valientes mujeres que fueron secuestradas cuando apenas eran unas niñas, hoy se han convertido en una de las piedras más grandes en el camino de los guerrilleros a la impunidad. Y es que la mayoría de los colombianos nos preguntamos indignados ¿cómo es que semejantes criminales abusadores de niños pueden terminar en el Congreso y sin pagar un solo día de cárcel?

Gracias a la JEP (Justicia Especial para la Paz), la justicia inventada por los guerrilleros en La Habana, los violadores de las FARC no tendrán que ir a la cárcel. A fines del año, pasado el presidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares manifestó que los delitos sexuales cometidos durante el conflicto serán competencia de la JEP.

Es decir, Juan Manuel Santos y las FARC se inventaron, a través de la JEP, la forma para que los crímenes contra menores cometidos por los guerrilleros de las FARC queden en la impunidad, y la Corte Constitucional de Colombia les dio el visto bueno.

Al respecto de la decisión de la Corte, según la cual los delitos sexuales quedan en manos de la JEP, la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo una contundente crítica:“¡Cómo así que un delito de violencia sexual contra los niños, o contra cualquier persona, ya sea hombre o mujer, está ligado a la rebelión! Eso no tiene razón de ser”.

Quienes defienden la JEP tal y como está, es decir, quienes en el fondo defienden a reclutadores y violadores de menores, insisten en que la Justicia Especial creada en La Habana se debe encargar de todos los delitos cometidos por los actores armados en el marco del conflicto colombiano, y ahí se incluyen los delitos sexuales.

En este marco, los violadores terminarían juzgados por la JEP y con penas no restrictivas de la libertad, que hasta el momento no se sabe siquiera cuáles son, solo queda claro que no irán a la cárcel.

¿Es la violación de menores un asunto necesario para implantar el socialismo, que dicen querer los guerrilleros, y por lo tanto se trata de una especie de delito político? ¿Por qué esos crímenes contra menores debieran ser juzgados por una justicia especial que reparte “penas no restrictivas de la libertad”?

Con la intención de frenar esta desgracia y otras tantas, y haciendo caso al clamor de la mayoría de los colombianos que votamos “No” al acuerdo de La Habana luego impuesto por Santos, el presidente Iván Duque ha decidido objetar 6 artículos de los 159 que tiene la ley estatutaria de la JEP.

Según el abogado constitucionalista D’mar Córdoba: “El presidente Iván Duque objetó entre otros artículos el párrafo 2 del artículo 19 sobre la renuncia de la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad como violación, tortura, secuestro y reclutamiento de menores de edad, en relación con quienes no son los máximos responsables, lo que dejaba en la impunidad un sinnúmero de crímenes cometidos por las FARC. Además, anunció un Acto Legislativo para derogar el Acto Legislativo 001 de 2017 y excluir los delitos sexuales en contra de los niños y adolescentes de la JEP, de modo que estos criminales deberán comparecer ante la justicia ordinaria con las penas que se establezca por su conducta”.

A fines de la semana pasada, uno de los medios más importantes del país realizó una encuesta preguntándole a los colombianos si están de acuerdo con la postura de Iván Duque de objetar parcialmente la ley estatutaria de la JEP y el 74% de los votantes dijo apoyar al presidente.

Para mí, y para la mayoría de los colombianos, el país no puede permitir que estos secuestradores pedófilos que esclavizaron a niños durante décadas terminen sin pagar un solo año de cárcel.

A esos a los que les molesta tanto las objeciones hechas por el presidente Duque ¿les parece bien que la “pena” por abusar de menores sea un escaño en el Congreso? No lo creo.

Seguramente, la mayoría de esos colombianos que se oponen a las objeciones hechas por el presidente no tienen idea de qué se trata y se han tragado entero el cuento de los líderes de izquierda de que Iván Duque quiere vivir en guerra. Por supuesto, entre los defensores de la JEP también hay políticos y socios de las FARC que entienden lo que ocurre pero no les importa, van detrás del dinero o de los votos que les da mantener esa mentira de que son “defensores de la paz”.

Pero la mayoría de colombianos somos buenos y estamos del lado de las víctimas. No queremos violadores de menores en el Congreso.

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