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EnglishUn astuto académico señaló alguna vez que la primera lección de la economía es la escasez, pero que la primera lección de la política es hacer caso omiso de la primera lección de economía.
Uno podría estar tentado a atribuir este prolongado conflicto, entre la dura verdad y la demagogia, a políticos obstinados e ingenuos. Pero muy a menudo la esfera política los recompensa por proclamar percepciones erróneas y gritos de guerra miopes, en oposición a la lógica sensata, para beneficiar a una nación a largo plazo.
El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, es uno de estos funcionarios, que conocen demasiado bien esos incentivos perversos. La semana pasada le informó a la ciudadanía que el gobierno central impondrá los precios de los suministros médicos —o, para ser más precisos, ampliará el régimen de control de precios para incluir más artículos, tales como los stents coronarios, implantes cocleares, y los productos de osteosíntesis.
Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en Colombia, lamentó el ministro. Mientras tanto, los proveedores médicos gozan de márgenes de beneficio del 40%, y se las arreglan para cobrar al Estado precios aún más elevados.
Gaviria no sólo afirma que pondrá fin a la supuesta especulación de precios, sino que logrará que dichos suministros sean más accesibles y ahorrará a los contribuyentes US$5 millones por año. ¿Qué persona sin corazón podría oponerse a un plan tan honorable?
Sólo hay un pequeño problema: esta táctica tendrá precisamente el efecto opuesto en la accesibilidad, tanto a corto como a largo plazo, de los stents coronarios.
Cómo es que imponer precios más bajos puede atraer más productos al mercado, sigue siendo un misterio sin resolver, probablemente porque no los atraerá. Si alguien necesitara un recordatorio, Argentina, Panamá, Venezuela y otros países latinoamericanos han estado jugando el juego del control de precios y, de alguna manera, aquellos que promueven estas políticas todavía se sorprenden cuando se vacían los estantes.
Sin embargo, más preocupante aún que la inevitable escasez y los mercados negros, es el desincentivo para invertir en Colombia. El capital fluye hacia donde se puede lograr la mayor rentabilidad, así que los esfuerzos de Gaviria para mitigar las ganancias mitigará, de igual forma, el desarrollo de Colombia.
Hay maneras de hacer frente a la falta de accesibilidad, más allá de atacar el síntoma, que son los altos precios, y demonizar a las corporaciones. Gaviria podría evaluar, por ejemplo, por qué su propio departamento es tan incompetente que paga hasta el doble de lo que los vendedores privados pagan, junto con los costos de hacer negocios en Colombia que son pechados sobre los consumidores. Eso incluye la corrupción rampante, una carga fiscal excesiva (p. 57), y pasos innecesarios para poder abrir un negocio.
Estas causas profundas de los precios inflados no desaparecen con un discurso y unos pocos mandatos ad hoc, y requieren que los funcionarios del gobierno se echen un vistazo en el espejo. No es de extrañar, entonces, que Gaviria y sus aliados hayan elegido la opción fácil, la de las promesas superficiales.
Peor aún, están expandiendo un aparato de control de precios que será un imán para las donaciones de campaña y negocios turbios. Cuando los funcionarios deciden los precios en función de sus caprichos, el incentivo para meterse en la cama con ellos y manipular esos precios es evidente.
Tales resultados siniestros pueden no ser los principales motivos que dieron lugar a esta política, pero lo sean o no, de igual manera son los ciudadanos los que sufrirán las consecuencias.
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