¿Cómo se rehabilita a una persona en la cárcel? Es una pregunta que El Salvador debe de contestar y con la respuesta tomar cartas para que el sistema penitenciario no sea un mecanismo de proliferación de pandilleros.
Actualmente el sistema penitenciario de El Salvador incide de manera negativa en la violencia del país. Las cárceles no cumplen su función primordial, que es de crear una oportunidad para reinsertar a la sociedad de una manera productiva a criminales.
Muchos podrán decir que pecaré de inocente y que El Salvador, con tantas necesidades, no se puede poner a pensar en las condiciones de los presos, o que estos no se merecen unas condiciones dignas de vida. A ellos les contestaré que para disminuir la violencia no solo hay que contrarrestar los síntomas de violencia, sino que empezar a construir tejido social donde más lo necesita. Y quienes más lo necesitan son los presos y sus familiares.
El actual sistema penitenciario tiene como resultado el extremo hacinamiento, anarquía y violencia en su interior. Es conocido que muchas órdenes para los pandilleros salen desde las cárceles. Si bien, el control que tienen los presos sobre las pandillas, desde las cárceles, sí debe frenarse, también se debe de pensar cómo parar el hacinamiento extremo.
Además la sobrepoblación afecta las condiciones de salud, comida y seguridad de las cárceles. Entrar a una prisión, lejos de ser una solución suele empeorar el comportamiento posterior de un pandillero.
Durante el II Taller Latinoamericano de Infraestructura Penitenciaria que se llevó a cabo en Costa Rica, el jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer, declaró a la agencia de noticias Acan-EFE que los problemas dentro de las cárceles en Latinoamérica atenta en contra de las garantías judiciales de las personas.
“No se trata simplemente de construir cárceles, sino mejorar el sistema de una manera más amplia e integral para asegurar todos los aspectos que tienen que ver con una política criminal. Es brindar mantenimiento, ofrecer ideas y soluciones, pero más que todo es una reflexión a nivel de la región y de lo que se debe mejorar”, explicó Schaerer.
Schaerer indicó que durante los últimos diez años ha aumentado la población presa en Latinoamérica. Sobre todo personas relacionadas con estructuras de maras.
Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) los países con mayores niveles de hacinamiento son El Salvador con 248 %, Venezuela con 220 %, Bolivia (212,3 %), Guatemala (203 %), Perú (127,7 %), Nicaragua (107.2 %), Paraguay (97.2 %) y Ecuador (73.5 %). Además, a las autoridades les preocupan las cifras de México tiene un 28,6 % de hacinamiento, Panamá con un 20,6 % de sobrepoblación y Brasil con un 67,3 % de hacinamiento.
“Si miramos las poblaciones que están ahora detenidas en particular en Centroamérica son personas muy jóvenes vinculadas con las maras y asociaciones criminales. Ellos han cometido crímenes pero es imperativo ofrecerles nuevas oportunidades para que puedan reintegrarse a sus comunidades y no caer en lo que hacían antes”, afirmó Schaerer durante el evento.
Durante la conferencia las autoridades expresaron que el reto para la región es la creación de estándares de vida para los presidiarios, entre ellos establecer las Reglas Nelson Mandela que definen condiciones dignas de privación de libertad.
Entre esas reglas están que los presidiarios deben tener un espacio mínimo de metros cuadrados para sus actividades, agua potable y condiciones adecuadas para higiene personal, lavado de ropa y luz natural, ventilación y renovación de aire fresco en los pabellones.
“Es muy preocupante la cantidad de personas privadas de libertad sin espacio. Al incurrir en esto entramos a un diagnóstico de una prisión saturada, con altos niveles de conflictividad, con falta de asistencia y de personas especializadas, que provoca anarquía y violencia”, manifestó a Acan-EFE el coordinador de arquitectura penitenciaria de ILANUD, Daniel Prades.
Estas condiciones contrastan con lo que se vive en El Salvador, sobre todo desde la implementación de las medidas extraordinarias, que según el Gobierno de El Salvador, han ayudado a la reducción de homicidios.
Con sus políticas carcelarias el Gobierno de El Salvador bien haría en pensar a qué le está apostando, al corto plazo o al largo plazo, porque por controlar un síntoma —los asesinatos— está arriesgando e incubando más violencia a largo plazo.
