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Aunque la reforma tributaria presentada recientemente por el gobierno incluye mejoras a la estructura de impuestos corporativos, aún le falta para ser una reforma estructural. La permanencia del 4 x 1.000 y el aumento del IVA perpetúan el simplismo fiscal que impera en Colombia.
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El primer problema del debate sobre la reforma es la poca atención que se le ha dado a la eficiencia del gasto público. La disminución en la renta petrolera redujo los ingresos nacionales en cerca de $23 billones (USD$ 7.360.000.000,00).
De 2013 a 2015 se han recaudado $18,2 billones (USD$ 5.760.000.000,00) más en impuestos, y en los primeros nueve meses del 2016 se han recaudado $2,6 billones (USD$ 640.000.000,00) más que en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Según las cifras, el hueco provocado por las rentas petroleras debería estar cubierto. Pareciera que el aumento del gasto público es el responsable del déficit fiscal y no las menores rentas petroleras.
En cuanto a lo que dice la reforma, intentar balancear los impuestos de renta entre personas naturales y empresas, es un camino hacia esquemas tributarios de naciones avanzadas. No obstante, este paso enfrenta problemas estructurales de nuestro mercado laboral.
Por una parte, la informalidad laboral en Colombia es alta (48,5 %), y el 70 % de los asalariados de país ganan menos de $1’500.000 (USD$ 480,00). Por lo anterior, el sistema tributario de Colombia seguirá dependiendo de unos pocos.
Los impuestos corporativos, según la reforma, se reducirán de manera paulatina. Por la experiencia que hemos tenido con tributos transitorios, como el 4 x 1.000, el esquema de la rebaja es poco convincente.
La reforma presentada contempla la eliminación del impuesto a la riqueza en el 2018 y la eliminación de sobretasas al impuesto sobre la renta en el 2019. Las reformas anteriores también contemplaron un horizonte de tiempo para acabar con el 4 x 1.000. No obstante, esta reforma parece contemplarlo como un tributo permanente, quitándole crediblidad a los calendarios de desmonte paulatinos de impuestos “transitorios”.
Uno de los mayores problemas fiscales de Colombia son las evasiones y trampas que la gente le hace al sistema. En parte se podría atribuir a la complejidad del estatuto tributario y falta de dientes que tiene la institución fiscal colombiana (DIAN).
En este sentido, la decisión de aumentar la tasa del IVA del 16 al 19 % no tiene en cuenta los verdaderos vacíos de este tributo, incluso considerados por la Comisión de Expertos.
Oponerse al aumento del IVA no es populismo como algunos arguyen. El diagnóstico de la misión tributaria contradice que el problema sea la tasa. La eficiencia en este impuesto podría mejorarse fiscalizando mejor para prevenir las devoluciones ilegales, revisando las tarifas diferenciales y algunas excepciones e impulsando las transacciones en línea, aunque con el 4 x 1.000 estas políticas aún seguirán siendo limitadas. De nuevo, el problema se puede solucionar con institucionalidad y simplificando.
El impuesto a los combustibles es otro desacierto de la reforma. Aunque el diagnóstico de la misión tributaria muestra que los impuestos sobre dicho rubro en Colombia tienen niveles bajos si se compara con estándares mundiales, Colombia es uno de los países del mundo con mayores costos para transportar carga.
Encarecer los combustibles afectará al sector productivo nacional, y en especial al sector agropecuario que no puede trasladarse a puertos o acercarse a sus mercados para reducir los costos logísticos. Lo combustibles ya tienen impuestos del orden nacional y local. De aprobarse esta reforma tendría impuestos nacionales, territoriales, medioambiental (el que introduce la reforma) y un subsidio ¿no será mejor eliminar el subsidio para reducir gastos y además simplificar?
Para reformar el sistema fiscal de Colombia hace falta simplificar y fortalecer más la institucionalidad. Aunque la reforma contempla cárcel para evasores, no introduce herramientas contundentes para identificarlos.
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