Estado contra Uber: la máquina de impedir ataca de nuevo

Luego de haber limitado la oferta por decreto, el gobierno departamental de Montevideo planea modificar la regulación, tras un año de notorio deterioro del servicio, suscitado a partir de la intervención estatal.

Uber desembarcó en Uruguay en noviembre del año 2015, y empezó a funcionar en el marco del principio de libertad. Los usuarios rápidamente comenzaron a utilizar el servicio, cansados del pésimo sistema de taxímetros regulados. Al poco tiempo, Estado y taxistas emprendieron una persecución hacia los conductores de estas aplicaciones, generando situaciones de extrema violencia al intentar reprimir la libertad de comercio. Un año después, en diciembre de 2016, se aprobó la regulación que entre otras restricciones, dejó al arbitrio del Poder Ejecutivo departamental la cantidad de vehículos que podrían ofrecer el servicio de transporte privado pasajeros mediante aplicaciones. A comienzos del año 2018, el gobierno decidió cerrar el registro de vehículos y por tanto cerró el mercado, impidiendo que nuevos conductores pudieran ofrecer el servicio. Además del perjuicio para quien se vio privado de trabajar, los usuarios experimentaron todo tipo de inconvenientes que no se producían antes de la intervención estatal.

Al haber menos conductores disponibles por decisión de burócratas que no toleran el libre juego oferta-demanda, e imponen por decreto la cantidad de oferentes de un mercado, aumentó considerablemente el tiempo de espera de los automóviles. Asimismo, la regulación también impactó en el precio, ya que por un lado, creó nuevos impuestos municipales específicos para el servicio, y a su vez, limitó la oferta.

Actualmente, luego de haber comprobado el fracaso de la regulación, el gobierno quiere abrir nuevamente el registro de conductores. Pero para colmo de males estatistas, también pretenden incorporar otra regulación más intervencionista que la anterior, impidiendo que un conductor que no posee un vehículo pueda trabajar con el automóvil de un tercero. Resulta que a partir de la nueva reglamentación, el vehículo que se registra para ofrecer el servicio solo podrá ser conducido por su propietario, no pudiendo este contratar a otro conductor. Desde las autoridades se alega que se quiere impedir el trabajo subordinado. De este modo, por ejemplo, inmigrantes que llegan al país huyendo del hambre y la miseria de regímenes socialistas como el venezolano, y hasta ahora tenían una oportunidad laboral, no podrán conducir en las apps de transporte a menos que logren adquirir un vehículo propio. Lamentablemente, tras escapar de tiranías ultra intervencionistas que destrozaron la economía de sus países de origen, se encuentran con la máquina de impedir que es el Estado uruguayo, que todo lo regula y todo lo obstaculiza.

Una vez más, el Estado demuestra ser el principal enemigo de las personas más humildes, arrebatándoles una oportunidad laboral que les brindaba el mercado. Imaginen el sufrimiento de cubanos, venezolanos, uruguayos o de cualquier otra nacionalidad, que actualmente trabajan conduciendo un automóvil de otro, cuando padezcan la persecución de la Intendencia de Montevideo que saldrá a las calles a fiscalizar que cada vehículo que ofrece el servicio sea conducido únicamente por su propietario, y se les quite su fuente de trabajo.

Indudablemente, la solución para el problema que el mismo Estado creó, es derogar la regulación, dar cese a la intervención, y dejar que el mercado vuelva a auto-regularse, tal como ocurría cuando las apps de transporte comenzaron a funcionar óptimamente en Uruguay. Que no estuvieran reguladas, no significaba que estuvieran por fuera de la ley.

Existe una tremenda confusión respecto de lo que es legal, regulado o prohibido. Parecería ser que los estatistas han logrado convencer a la población de que “no regulado” es sinónimo de prohibido o ilegal, cuando en realidad la ausencia de regulación significa libre contratación. Temen que los individuos piensen que pueden desarrollar alguna actividad sin someterse a la maquinaria estatal, y por tanto generan desconfianza hacia las actividades “no reguladas”, de modo tal que se demande mayor intervención y más regulaciones.

El caso de las apps como Uber en Uruguay, deja en evidencia una vez más que la interferencia estatal destruye empleos genuinos, deteriora servicios originalmente eficientes y genera conflictos violentos donde antes había una pacífica solución de mercado.

 

* Cristián Correa Crego es estudiante de Derecho y columnista de “Libertad Uruguay”.