Por qué Colombia necesita un salario mínimo diferencial por regiones

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Pobreza
De otro lado, el análisis señala que la tasa de informalidad tiene una notable relación con la actividad económica y con los costos laborales no salariales. (Flickr)

A pocas semanas de comenzar la discusión sobre el salario mínimo, investigadores del Banco de La República sugirieron la posibilidad de diversificar el salario mínimo por regiones, aseguran que la propuesta aparece como alternativa para cerrar las brechas de remuneración que perciben los trabajadores colombianos, la propuesta reside en atacar la informalidad laboral.

Como es costumbre la puja entre el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, gremios y trabajadores para definir el aumento del salario mínimo —en esta ocasión— para el 2018, se genera un descontento generalizado entre los trabajadores, asegurando que el salario minino no alcanza para sus necesidades básicas. Solo en el 2012 sindicatos y empresarios llegaron a un acuerdo.

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Los académicos Luis Arango y Luz Flórez explicaron que la iniciativa radica en que el salario mínimo podría estar contribuyendo a la informalidad, además de la heterogeneidad de regiones que también afecta la productividad de los trabajadores, motivo por el cual sería provechoso aplicar la medida diferencial. “(…) El salario mínimo es uno de los determinantes fundamentales del desempleo estructural, variable que en Colombia ha rondado el 10 %, una de las más altas en Latinoamérica.”

Y agregan, “Esta sería una razón para introducir un salario diferencial por regiones en vista de los graves efectos que la prevalencia de la informalidad en la mayoría de las ciudades del país tiene sobre el crecimiento de largo plazo (es decir en el PIB potencial por la vía del ahorro, la formación de capital humano y el progreso tecnológico), las finanzas públicas y el bienestar”, se lee en el documento.

Si bien es cierto que esta medida no es una propuesta formal del Banco de la República, ha llamado la atención entre diferentes sectores —dado los graves efectos que produce la informalidad en la mayoría de las ciudades del país— sobre el crecimiento de largo plazo. Arango y Flórez explican que en Colombia existen 13 ciudades cuya informalidad se ha mantenido en más del 10 % por encima del promedio de 23 ciudades. Entre ellas se encuentran: Ibagué, Armenia, Pasto, Villavicencio Neiva, Cúcuta, Montería, Florencia, Valledupar, Quibdó, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo. Igualmente, añaden que esto es evidencia de que el mercado laboral en estos territorios no tiene un buen funcionamiento.

De otro lado, el análisis señala que la tasa de informalidad tiene una notable relación con la actividad económica y con los costos laborales no salariales, que son los costos en los que incurre un empleador por sus empleados distintos a la remuneración directa y que una forma posible de enfrentar esto, es mediante la financiación del sistema de subsidio familiar.

PanAm Post  habló con el economista Daniel Gómez Gaviria, economista Senior en Comercio y Competitividad para Argentina, Uruguay y Paraguay del Banco Mundial que ve con buenos ojos la propuesta sobre salario mínimo diferencial. “Es muy buena idea. En general complicado un solo salario mínimo con productividades tan diferentes, por ejemplo, ¿Choco vs Bogotá?”.

Gómez afirmó que el salario mínimo no es el único factor determinante, pero que incide en la tasa de desempleo y la dificultad de generar más empleo formal, contribuyendo a la precarización del trabajo con el desplazamiento de ciudadanos hacia la informalidad donde no se aplica las rigideces institucionales del mercado formal. Agregó que los efectos adversos del salario mínimo se acentúan al ser negociados centralmente para regiones muy disímiles.

Si el salario mínimo se fija de acuerdo con alguna medida promedio de productividad laboral para todo el país, las regiones donde la productividad laboral está por debajo de ese promedio se verán negativamente afectadas. Y esas regiones son precisamente las más pobres. El economista puntualizó que la mejor manera de aumentar los ingresos de la población más pobre no es exclusiva de una política de fijación central de precios, es decir desde la capital, sino más bien de “Políticas públicas que favorezcan el aumento en la productividad laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo y un mercado laboral vigoroso donde empleados y empleadores acuerden compensación de manera descentralizada”.

 

Tras haber sido escuchada la propuesta por los gremios empresariales en el país (Fenalco, Asobancaria, Fasecolda, Acopi y la Andi) se pronunciaron al respecto. Si bien coinciden en que la iniciativa puede establecerse, debe estar sujeta a que se realice de manera detallada como serán las cifras en cada una de las diferentes regiones y territorios a nivel nacional.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, señaló que es posible evaluar la propuesta en cada una de las regiones pero que la negociación debe ser incluida en la discusión sobre el salario mínimo llevada en el mes de diciembre para ser evaluada por los gremios.

Jonathan Malagón, vicepresidente de Asobancaria indicó que el salario diferencial por regiones es una buena propuesta que debe cumplir con dos premisas, la primera es que el salario se ajuste en paridad de poder adquisitivo entre regiones, revelando la capacidad de compra de cada una, y dos, que no se incremente por esta vía el salario medio de la economía.

Por su parte, el presidente de Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos) sostuvo que “se tendrían que presentar estudios técnicos en cada región de por qué se necesita y cuáles serían las razones que llevarían a tener una variación”.

Sin embargo, la propuesta también presenta desafíos y algunos analistas señalan que sería de difícil implementación debido a la naturaleza de concertación del salario mínimo.

De acuerdo con Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad Externado, sería complicado que involucrara un costo social alto y a su vez con efectos disuasivos para millones de ciudadanos. Al respecto, Farné, indicó que una de las principales trabas es un pronunciamiento de la Corte Constitucional (Sentencia C-815/99) que obliga a que el salario mínimo no se puede bajar y que su aumento debe hacerse con base a la inflación pasada.

“La propuesta parece tan fácil, pero llevarla a la práctica es muy difícil. Además, tenemos muchas incógnitas en este momento, cómo lo haremos y qué controles deberían hacerse”, propone el experto laboral.

En Colombia ya se había aplicado la medida, durante los años 60 un decreto reajustó el sueldo del sector agrícola y el de los menores de 16 años. Hacia 1970, sucedió igual en los sectores manufacturero, comercio, servicios, transporte, construcción y primario, entre otros, por zona del país y por tamaño de empresa. Posteriormente, en 1983 la unificación del salario mínimo se dio a través del Decreto 3506 para eliminar una injusta discriminación en perjuicio de los trabajadores del sector rural. En el país los criterios que se tienen en cuenta al momento de establecer el salario mínimo son: Índice de Precios al Consumidor (IPC), meta de inflación causada, incremento del producto interno bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional, la productividad de la economía.

Fuente: La RepúblicaPortafolio

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