Tácticas de fraude electoral del gobierno uruguayo

Las definiciones de "fraude" de la Real Academia Española y Jímenez de Aréchaga comprenden notorias acciones del Frente Amplio.

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¿Qué significa «fraude» y por qué el oficialismo uruguayo incurre en él? (Fotomontaje: PanAm Post)

El gobierno uruguayo ha emprendido uno de los caminos que conducen al fraude electoral. Está recurriendo a prácticas cuestionables, porque corre serios riesgos de que este año pierda las elecciones.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define al fraude como toda «acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona(s) contra quien se comete». Por su parte, el jurista uruguayo Justino Jiménez de Aréchaga -quien presidió la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (1968 y 1972)- señala que hay tres forma de fraude electoral: antes, durante y después.

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Esta clasificación es interesante porque pone el foco en ciertos aspectos de la contienda electoral que suelen pasar desapercibidos.

Para detectarlos, es útil recurrir a los «tipos ideales» concebidos por Max Weber. Ellos son una herramienta para «medir» qué tan cerca está determinado fenómeno de los rasgos que lo caracterizan en «estado puro».

El «tipo ideal del fraude previo», según Jiménez de Arechaga, tiene las siguientes características: no hay libertad de prensa, se pone el poder del Estado al servicio de una persona, grupo o partido político, se amenaza y persigue a los opositores, se inhabilitan candidatos y se modifican las normas electorales en perjuicio de la oposición o para favorecer a listas oficialistas.

Usemos esa «vara de medir» para ver qué tan cerca está el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez de cometer ese tipo de fraude electoral. Al medirlo, no perdamos de vista que es un proceso que, de no ser detenido a tiempo, va abarcando paulatinamente más elementos del fraude en «estado puro».

Hasta el momento, esas prácticas contrarias a elecciones limpias, se están concentrando en los dos primeros factores mencionados: el cercenamiento de la libertad de prensa y los recursos del Estado están puestos al servicio del gobernante Frente Amplio (FA).

Sin embargo, hay que aclarar que sus prácticas son legales, si tomando el término «ley» en su sentido espurio: todo lo que emana del Poder Legislativo.

Dicho con otras palabras, se ha utilizado el poder del Estado -mayorías en ambas cámaras- con el fin implícito de beneficiar al partido gobernante y de que el Frente Amplio se perpetúe en el poder. Además, hay que recalcar que los cimientos de este proceso que se está dando actualmente, los puso José «Pepe» Mujica mientras era presidente.

No obstante, si analizamos las acciones del gobierno a la luz del sentido genuino y republicano del término «ley» -normas de recta conducta que deben acatar por igual gobernantes y gobernados- entonces, la forma de proceder de las autoridades no son legítimas.

Con respecto a la limitación de la libertad de prensa y la utilización del poder del Estado en beneficio del partido de gobierno -ambos factores estrechamente interrelacionados- el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) enciende luces amarillas. La primera alerta proviene del hecho de que es la primera vez, desde que se recuperó la democracia en 1985, que Uruguay aparece mencionado.

La reunión de medio año de la SIP se realizó en Cartagena de Indias (Colombia) desde el 29 hasta el 31 de marzo. Con respecto al tema que estamos analizando, el informe sobre Uruguay expresa lo siguiente:

«El artículo 95 de la Ley de Medios aprobada con los votos de la mayoría gobernante (Frente Amplio) habilita al Poder Ejecutivo a imponer hasta 15 minutos diarios de emisión gratuita en todos los medios audiovisuales ‘para realizar campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación, por parte de organismos públicos y personas públicas no estatales’. Las cadenas de radio y televisión ahora se llaman, por iniciativa del presidente Vázquez, ‘emisiones oficiales de transmisión simultánea’.

El primer problema es que la definición de lo que es una campaña de bien público corre por cuenta del propio Poder Ejecutivo que elige los 15 minutos de mayor audiencia y mejor cotizados. Además, estas campañas tienen cada vez más un perfil político, con el riesgo de que este 2019 es un año de elecciones nacionales.

El 13 de noviembre se inauguró el Antel Arena, un complejo polideportivo y cultural que llevó adelante Antel, la empresa monopólica de telefonía tradicional y competidor en el mercado de la telefonía móvil. Contó con la presencia de la plana mayor del gobierno, encabezada por el presidente Vázquez. Ante los requerimientos de los periodistas, el presidente, con marcado tono irónico, evitó responder las preguntas sobre el financiamiento de la obra y los cuestionamientos por inconstitucionalidad que planteó la oposición.

Los medios escritos del país no escapan a la difícil situación por el avance tecnológico, los cambios en el mercado publicitario y los hábitos de lectura.

Los principales diarios y semanarios instalados en Montevideo, que concentra el 50 % de la población del país, han hecho un llamado de alerta a las autoridades por la situación para que se contemple la importancia democrática y cultural de los diarios en el régimen impositivo. No hubo avances en este sentido».

Habíamos mencionado que se considera «fraude» toda «acción contraria a la verdad y la rectitud». Ergo, el gobierno está cometiéndolo al encubrir bajo el sofisma de «campañas de bien público» , lo que en realidad es propaganda a favor del Frente Amplio en año electoral, incluso, pasando por arriba de las vedas.

Además, un voto es «libre» únicamente cuando es informado. De lo contrario, ese ciudadano votó a ciegas o engañado. El gobierno de Vázquez está limitando la capacidad de la gente para emitirlo. ¿Por qué? Porque está erosionando la facultad de los medios y de la oposición para saber qué están haciendo las autoridades, especialmente en lo concerniente a la administración del dinero de los contribuyentes.

Vázquez está tapando a propaganda oficial la realidad, al obligar legalmente a los medios a regalarle diariamente 15 minutos gratis en el horario que el gobierno determine. Hay un claro perjuicio económico para las empresas privadas, lo que las debilita. Simultáneamente, los medios públicos desembozadamente están al servido del Frente Amplio. Eso repercute en la calidad informativa y en que se puedan escuchar las diversas voces de la sociedad.

O sea, se perjudica a los medios privados, a la oposición y, principalmente, a la ciudadanía. Esto se ve agravado porque las autoridades incumplen arbitrariamente con la ley de Derecho a la Información Pública. El diario El País en su editorial subraya, que «es cada vez más usual que el gobierno declare reservados los contenidos exigidos o que simplemente ni conteste y haya que recurrir a la justicia. Desde 2015 se presentaron 210 casos que fueron denegados a los ciudadanos y la tendencia ha ido en franco aumento».

En este contexto, hay un ejemplo que ilustra hasta qué punto llega el interés del gobierno de ocultarle a la ciudadanía asuntos que puedan incidir negativamente en su voto. El senador opositor Pablo Mieres, le solicitó a la compañía telefónica estatal saber a cuánto ascienden los costos de mantenimiento (limpieza, electricidad, agua y seguridad) del cuestionado Antel Arena. El organismo le respondió que esa información «era confidencial».

Por tanto, las acciones reseñadas constituyen «fraude» porque se ajustan a la definición de de la RAE y con algunos de sus rasgos que enumera Jiménez de Aréchaga.

¡Ojalá que los uruguayos y las instituciones republicanas reaccionen a tiempo!

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