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Militares venezolanos se aprovechan del poder conferido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en vez de combatir el hambre, se lucran con ella; así lo determinó una investigación de la agencia de noticias The Associated Press (AP).
La investigación de la AP encontró la corrupción que hay en Venezuela en el manejo de la distribución de alimentos.
Los militares que deberían encargarse de administrar los escasos alimentos que hay en el país, lo que administran son mercados ilegales, en el que revenden productos de primera necesidad hasta a 100 veces el precio fijado por el gobierno.
«Ahora la comida da más que la droga», dijo Cliver Alcalá, general retirado que ayudó a supervisar la seguridad fronteriza.
Según la investigación de la AP, desde el 2004 (año en el fallecido presidente Hugo Chávez creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación) los militares han estado inmersos en el control de distribución y producción de alimentos; sin embargo, al aumentarse la escasez y la crisis económica en el país por el descuidó granjas y fábricas, las protestas, los saqueos y el hambre aumentaron en el país.
A raíz de esta situación, el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, le entregó el control total sobre la comida, a los generales de la nación.
Tras la poca producción que hay en el país, el gobierno es ahora el encargado de importar la mayoría de los alimentos; sin embargo, los sobornos a los generales están incluidos en los altos precios de las importaciones, según informó Werner Gutiérrez, profesor de agronomía de la Universidad de Zulia.
«Si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población» expresó Gutiérrez.
La investigación de la agencia de noticias expone el caso de un empresario sudamericano, que el pasado mes de julio tenía un barco lleno de maíz esperando en el puerto, y por el que ya había pagado millones en sobornos a los funcionarios venezolanos.
El barco «hace 20 días que estaba atracado», evidenció el empresario a la agencia noticias.
«¿Cuál es el problema?», le respondió el general Rodolfo Marco Torres, quien entonces era ministro de Economía y ahora es titular de Alimentación.
El empresario sudamericano que prefirió mantenerse anónimo, explicó que entendió que debía pagar más sobornos a pesar de que el dinero no se mencionaba; sin embargo, el para entonces ministro de Economía se llevó el barco porque los gastos estaban subiendo por la demora.
Asimismo, el emprendedor aseguró haber pagado 8 millones de dólares a las personas que trabajaban para Marco Torres y explicó que podía hacerlo debido a que los funcionarios inflan los precios en la factura que le entregan al estado.
Según indica el empresario en la investigación, un contrato de maíz de USD $52 millones incluyó un sobrecosto de varios millones de dólares, basado en los precios de mercado en ese momento.
La Asamblea Nacional (parlamento), de mayoría opositora trató de censurar al ministro Torres por corrupción, basándose en los informes anuales del Ministerio de Alimentación que evidencian sobre pagos significativos; sin embargo, el mandatario de Venezuela lo rechazó y dijo que intentaban perjudicar al ministerio.
El control militar sobre los alimentos vuelve menos probables las sublevaciones de los soldados hambrientos, pero también ha reducido el suministro de comida.
El gobierno de Estados Unidos que ya ha notado la corrupción en Venezuela, ha iniciado investigaciones contra empresarios y altos funcionarios, incluyendo a efectivos del ejército, por lavado de recursos (por dinero que pasa por el sistema financiero estadounidense).
Tres principales vendedores de alimentos de EE. UU. también han dejado de vender directamente al gobierno de Venezuela para evitar esta situación.
La investigación expone que la corrupción inicia desde que los alimentos llegan al país, al dejar barcos esperando en el mar hasta que se les paga, luego de que la mercancía se descarga, los agentes de aduanas toman su parte y los funcionarios se encargan del proceso de nacionalización, proceso que no culminan hasta que no les den una buena paga mensual.
«Es una cadena continua de corrupción desde que los alimentos llegan en barco llega hasta que los transportan en camiones. Al final es el cliente el que paga», manifestó Luis Peña, director de operaciones del importador Premier Foods, con sede en Caracas.
Según indica la AP si los importadores tratan de saltarse el proceso sin pagar sobornos, la comida se queda y se pudre.
Luego del proceso aduanero, los camiones deben pasar por controles militares ostensiblemente establecidos para detener a los traficantes de alimentos.
Los conductores entrevistados por la agencia de noticias aseguraron que la mitad de los oficiales en los puestos de control les cobran.
Al final de la cadena alimentaria, algunos soldados venden alimentos básicos directamente a los negocios.
«El ejército está engordando mientras mis nietos enflacan», dijo un hombre de 74 años que caminaba rígidamente en medio del tráfico en una tarde reciente para barrer granos de maíz que caían de los camiones que pasaban traqueteando.»Toda la comida venezolana pasa por aquí, pero poca llega a nosotros», añadió.
Fuente: El Nuevo Herald.
