Pese a demora de FARC en entrega de armas, gobierno colombiano emitirá decretos para implementar acuerdos
El próximo martes 30 de mayo es el día D+180, fecha que fue establecida como límite para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) finalizaran la entrega de armas a la ONU. Sin embargo, las armas que se encuentran en más de 950 caletas, cifra dada por el secretariado de las FARC, siguen sin ser entregadas.
Ante la demora, Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC, afirmó que será necesario “pensar en una recalendarización” de la entrega de armas, pero que tanto el gobierno como las FARC “no han tomado una determinación al respecto”.
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Pese a que el jefe guerrillero califica el acuerdo Santos-FARC como “uno de los procesos más rápidos del mundo”, hasta el momento esta guerrilla solamente ha entregado un poco más de 1000 armas de las 45.000 que Inteligencia Militar afirmó que estaban bajo el poder de esta guerrilla.
Pese a que las FARC no han cumplido con el calendario establecido para la entrega de armas, y debido a que el próximo lunes 29 de mayo al presidente de Colombia se le vence el plazo de las facultades especiales que el Congreso de ese país le otorgó para implementar los acuerdos, Santos informó el viernes 26 de mayo, en la XIII Cumbre de Ciudades capitales, que en las siguientes horas firmaría una serie de decretos que le permitirían al gobierno implementar el acuerdo alcanzado con las FARC.
En las próximas horas voy a firmar varios decretos leyes cruciales para la implementación del Acuerdo. Acortar tiempos es vital para la paz
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 26, 2017
Sin embargo, aún no se han dado a conocer dichos decretos. Pero según lo expresado por el mandatario colombiano en la cumbre, los cuatro decretos ayudarán al proceso de «la reforma rural integral prevista en el acuerdo de paz, y con la que vamos a saldar la deuda histórica con el campo colombiano, condición indispensable para que la paz sea estable y duradera».
En dicho decreto se reglamentará la entrega a 800.000 familias de 3.000.000 de hectáreas. Punto que ha sido cuestionado por algunos opositores, debido a que no es claro de dónde saldrá esa cantidad de tierra. Es quizá que por estas críticas el mandatario afirmó que «la propiedad privada siempre será respetada. Aquí no se le va a quitar la tierra a nadie».