Una nueva masacre en Venezuela copó este fin de semana las redes sociales y las primeras páginas de la prensa de ese país; aparecieron en fosas comunes 12 personas asesinadas en Barlovento, estado Miranda.
De acuerdo con las investigaciones 11 militares venezolanos, funcionarios del Ejército, fueron los responsables de asesinar a 12 personas en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP); programa de seguridad implementado por Nicolás Maduro.
Lo que inició como un supuesto programa de seguridad en Venezuela terminó en una masacre de ejecuciones extrajudiciales y los cuerpos en fosas comunes.
Los presuntos implicados son efectivos del Ejército que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que se desplegó desde el siete de octubre pasado en la zona.
Los familiares empezaron a buscar a los jóvenes desaparecidos, muchos de ellos trabajadores del campo; pero las autoridades nunca les informaron con certeza sobre su paradero.
Días después de las desapariciones, el ministro de Interior y Jusiticia, Néstor Reverol, mostró en rueda de prensa el supuesto éxito que su OLP había tenido en la región mirandina.
Los doce fallecidos habían sido detenidos por militares el pasado 15 de octubre bajo la ilegalidad: no fueron sorprendidos cometiendo un delito y no tenían sobre ellos una orden de aprehensión.
Pero en el caso las irregularidades sobran: el pasado 21 de octubre fueron liberados ocho de los 20 jóvenes detenidos. De acuerdo con los familiares, estaban en graves condiciones, ya que “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Algunos de ellos no sabían leer ni escribir.
Luego de conocerse esto, y de las reiteradas denuncias de los familiares de los doce desaparecidos, el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) se pronunció sobre el caso luego de que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
La OMTC instó a las autoridades venezolanas a activar medidas que permitieran dar con el paradero de los jóvenes y que garantizaran su seguridad e integridad física.
Tales peticiones se hicieron ante el presidente Nicolás Maduro, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
El desenlace sucedió el pasado viernes 25 de noviembre, cuando hallaron los cadáveres en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela emitió un comunicado en el que expresa “su más profunda consternación” por este caso en el que militares “que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje para garantizar la seguridad […] incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres, informó sobre el hallazgo; sin embargo no quiso admitir que las muertes se dieron en el marco de la OLP; por el contrario, detalló que tal operación fue desplegada luego de que los habitantes denunciaran desalojos arbitrarios “por parte de elementos generadores de violencia vinculados al paramilitarismo colombiano y a la delincuencia organizada”.
Masacres y fosas comunes se hacen costumbre en Venezuela
En marzo de 2016 se conoció sobre la masacre de Tumeremo estado Bolívar, al sur del país, en la cual 28 mineros de la zona; murieron en presuntos enfrentamientos con bandas delictivas por el control de territorio minero.
Dicha masacre se convirtió en la más grave en la historia del país, luego del del Caracazo.
El Caracazo fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el ocho de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 2000 desaparecidas.
En mayo de 2015. 12 cadáveres fueron encontrados en dos fosas comunes ubicadas en Ureña (estado Táchira), en la frontera colombo venezolana.
El hallazgo se dio luego de que las autoridades recibieran información aportada por un presunto paramilitar que había sido detenido; confesó conocer sobre un múltiple homicidio cometido a finales del año pasado por sujetos pertenecientes a bandas criminales.