La curiosa concepción de “transparencia” para el Gobierno de Uruguay

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Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, un grupo se ha apoderado del poder político con el fin de tener sometida a la población y de paso enriquecerse. Son épocas donde el valor de la vida humana es insignificante, donde cada persona es tan solo parte de un engranaje, cuya función es llevar adelante los objetivos que la casta gobernante se ha trazado. Es decir, son convertidos en siervos o esclavos aunque no se los designe con esos nombres.

Un elemento primordial para la acumulación del poder es el “secretismo”. De ese modo los aparatos de propagando gubernamentales pueden crear la “ilusión” que un simple hombre es un “dios”, o que un miserable, ambicioso y sanguinario asesino es el “benefactor” de su pueblo.

La lucha entre la opresión y la libertad es constante, dado que la tiranía va adoptando diferentes formas. Sin embargo, su esencia permanece inalterable.

Son relativamente pocos y muy recientes, los períodos donde todo ser humano ha sido respetado y dignificado. Un elemento fundamental para que ese criterio se imponga, ha sido la cultura del individualismo. Es decir, el valorar a cada persona como sujeto de derechos inalienables, abrió el camino hacia la prosperidad y hacia un estilo de vida que vale la pena vivir. La doctrina de la soberanía individual fue una de las armas más eficaces para acotar las tendencias despóticas de toda autoridad, al ser el fundamento del Estado de Derecho.

En las repúblicas democráticas modernas el principio que rige a los ciudadanos es libertad y privacidad; a los gobernantes, poder constreñido y transparencia en su accionar.

El estado de situación anterior, en cierto modo era más favorable para la defensa de la libertad individual porque la gente desconfiaba del gobierno y por tanto, se buscaban diferentes formas de controlarlo. Los gobernantes no eran los “buenos” de la película sino sujetos de los que había que cuidarse. La gente la tenía clara.

Desde esa perspectiva, el rol del Poder Judicial para tutelar derechos es fundamental, así como el de la prensa independiente. ¿Por qué? Porque las autoridades al cometer un abuso tienen poco que perder, porque incluso en caso de que las cosas le salgan mal, no suelen haber consecuencias y encima, es el propio “Estado” quien le paga la defensa (o sea los contribuyentes, incluso el propio damnificado). Por consiguiente están todos los incentivos para que se produzcan. En cambio, el daño producido al particular puede llegar a ser inmediato, inmenso e irreparable.

Por consiguiente, la mayor defensa para el hombre común es que las cosas se sepan cuanto antes. Y esto es precisamente lo que usualmente se entiende por “transparencia”.

Pero ahora resulta que en un giro orwelliano, las autoridades pretenden que las palabras pasen a significar exactamente lo contrario a su acepción original. Por consiguiente, “transparencia” pasaría a significar que “el Gran Hermano” (nunca como ahora tan literal esa expresión) vigile cada aspecto de la vida de los individuos al tiempo que aprueba leyes para “oscurecer” su propia gestión.

Esto es lo que está pasando en Uruguay en un proceso que parece incrementarse bajo los gobiernos del Frente Amplio. Veamos algunos de esos hechos:

A mediados de 2013 durante la presidencia de José Mujica, en una resolución por él firmada se expresa que se debe mantener en secreto, que el Ministerio del Interior compró “El Guardián”: un sistema de espionaje electrónico que permite vigilar llamadas telefónicas, correos electrónicos, blogs y redes sociales.

El Fiscal de Corte Jorge Díaz, los jueces y la población se enteraron por la prensa. A partir de ese momento la alarma cundió. Frank LaRue – Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión- subrayó, que “la vigilancia de las comunicaciones debe ser entendida como un acto altamente intrusivo que potencialmente interfiere con los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, y amenaza las bases de una sociedad democrática”.

 

Por su parte Díaz señaló, que “Es claro que antes de ponerlo en funcionamiento tendrán que tomarse todos los recaudos y dar todas las garantías”.

Raúl Echeberría, experto en temas de gobernanza en la web y CEO del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (Lacnic), afirmó que:

“El gobierno debe ser “transparente” […] Así como se informa sobre la compra de 25 patrulleros, me parece que los ciudadanos también deben saber cuáles pueden ser los recortes a sus derechos. Hay necesidades que obligan a que existan este tipo de herramientas y que de ellas dispongan las agencias policiales. […] Estas cosas son necesarias pero lo importante es que los ciudadanos sepan que se hacen y que, además, se desarrollen bajo el debido proceso.”

Como suelen hacer los gobernantes cada vez que estalla la indignación popular, en aquel momento declararon que la vigilancia estaría bajo el control del Poder Judicial. Sin embargo, no ha sido así.

Hace más de tres años que el Ministerio del Interior compró “El Guardián” y casi un año desde que lo utiliza a fondo, pero no hay nadie que pueda controlar que se esté utilizando debidamente.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediack, denunció que el sistema informático para controlar las funciones del sofisticado aparato no estaba operativo. El software faltante denominado Sistema Autorizado de Interceptaciones Legales (SAIL), previsto para “dotar de transparencia al procedimiento” (según se aseguró al momento de adquirirlo) no está funcionando.

El Ministerio del Interior esgrime  que son problemas técnicos los que retrasan su puesta en funcionamiento. Lo llamativo es que “desde que se compró ‘El Guardián’ ante cada duda o consulta —incluidas las que formulan los parlamentarios mediante los pedidos de informes o en interpelación al ministro del Interior— se opone el secreto de Estado para contestar con el silencio”.

Este sombrío panorama se complementa con el reciente decretó que aprobó el Ejecutivo, que modifica el “Procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público de la Administración Central”, vigente desde 1991. A partir de ahora, divulgar documentos oficiales sin autorización es falta “muy grave” y el funcionario puede ser destituido.

En el texto se expresa que es:

“oportuno y conveniente” regular aspectos sustanciales de la actuación funcional, pues los principios de “transparencia […] deben primar en la actividad estatal” y “deben ser armonizados con los deberes de lealtad y reserva del funcionario público”. Específicamente se señala que esos “deberes de lealtad” implican que el funcionario debe preservar “los intereses de la Administración” y conducirse “con la debida discreción respecto a los datos, hechos y documentos de los que toma conocimiento”.

Ahora, en una sociedad genuinamente democrática, ¿la lealtad del funcionario público debe ser hacia la Administración (ergo, los gobernantes de turno) o hacia los ciudadanos? ¿Así es como el gobierno del Frente Amplio interpreta al concepto de “transparencia”? ¿Qué intereses desea proteger? ¿Cuál es su concepto de democracia?

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