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En 2011 el Gobierno de Cuba anunció que despediría a 1.300.000 trabajadores de sus empleos estatales —20 % de la fuerza laboral—, pero magnánimamente les permitiría trabajar autónomamente en alguna de las 178 actividades aprobadas que serían permitidas. Con un alto grado de especificidad, el Gobierno definió las actividades permitidas, por ejemplo:
Actividad número 23: compra y venta de libros usados; actividad 29: encargado de baños públicos (presumiblemente por propinas); actividad 34: desmochador de palmas (aparentemente otros árboles continuarían podados por el Estado); actividad 49: forrador de botones; actividad 61: limpiabotas; 62: limpiador de bujías; 69: mecanógrafo; 110: reparador de box-springs (no confundir con 116, reparador de colchones); actividad 124: reparador de sombrillas; 125: rellenador de fosforeras desechables; 150: lector de cartas del tarot; 156: Dandy (definición técnica desconocida, ¿acompañante masculino?); 158: pelador de frutas (diferente de 142, vendedor de frutas en quioscos).
Las actividades permitidas se incrementaron hasta 205, y muchos, en las comunidades cubanoamericanas e internacionales, interpretan esos cambios como significativas “reformas” que pueden contribuir a un renacimiento económico y político en Cuba.
Frecuentemente he argumentado que esta estrafalaria lista de actividades laborales ahora permitidas no desencadenará desarrollo económico; más bien, revela la mentalidad totalitaria del régimen. La lista revela el grado de control pretendido por el régimen en su nuevo proyecto. No son reformas para liberar “la mano invisible” del mercado, sino para ratificar el puño cerrado de los Castro.
Pero el permiso del Gobierno cubano para involucrarse en esas actividades laborales encarna un mensaje filosófico más importante ignorado por los apologistas del régimen: permiso no es libertad.
Nuestras libertades naturales no son permisos entregados por el Gobierno basado en consideraciones políticas. En su libro La Sociedad del Permiso, el investigador constitucional y litigante Timothy Sandefur examina la distinción entre derechos y permisos:
“Tenemos libertad cuando podemos hacer elecciones clave sobre nuestras vidas: qué decir, cuáles son nuestras creencias religiosas, qué trabajos aceptar, qué construir en nuestra propiedad. En la medida que necesitamos que alguien nos permita actuar no tenemos derechos, sino autorizaciones: licencias otorgadas por plazos establecidos, por alguien que está sobre nosotros”.
A través de la historia, reyes y emperadores —y en tiempos modernos los regímenes totalitarios— han restringido las libertades asumiendo que todo está prohibido a menos que se autorice específicamente. Esos regímenes absolutistas practican la doctrina política de ilimitada autoridad centralizada con soberanía absoluta concedida a un monarca o dictador. Bajo sistemas absolutistas el pueblo solamente disfruta las libertades que los gobernantes permitan. Es el caso en Cuba con los trabajos ahora autorizados.
En Estados Unidos los Padres Fundadores inauguraron una nueva forma de gobierno asumiendo, al revés, que todo lo que no está prohibido se permite. En la visión de los Padres Fundadores las personas tienen derechos naturales a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y el Gobierno requiere permiso de ellas, no a la inversa. Es un concepto de gobernar donde los gobiernos no existen para otorgar derechos al pueblo, sino para proteger sus derechos naturales.
Un problema fundamental con la idea absolutista de Gobierno es que cuando la libertad se otorga por la autoridad incluye solamente las libertades que la autoridad decida otorgar, y solamente mientras entienda que deba hacerlo.
En Cuba esto no es solamente un problema filosófico. A comienzos de los 1990 la isla vivió una profunda crisis económica tras el colapso de la Unión Soviética y la pérdida de los subsidios económicos del campo socialista. Para enfrentar la crisis el Gobierno cubano estableció un número de reformas económicas liberalizadoras, pero tan pronto las reformas detuvieron el colapso, el Gobierno volvió atrás.
Considerar los permisos gubernamentales otorgados como libertades, como hacen muchos con relación a Cuba, traiciona nuestra dignidad humana. La libertad no es un privilegio que el Estado otorga, es un derecho natural que este tiene que proteger.
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