La imposibilidad de las “elecciones libres” y otras mentiras

Tenemos derecho a la rebelión, y no porque lo establezca una Constitución, sino porque así se encuentra en los valores republicanos de Venezuela

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¿Por qué la oposición promueve una Constitución hecha por y para Chávez? (Foto: Flickr)

Dentro de la propuesta del presidente interino figuran, como objetivo final, como colofón de la historia, las elecciones libres. Sea como ruta, como mantra o como lista de deseos incumplibles, desde el 23 de enero de 2019 se le repite a los venezolanos, una y otra vez, que después que cese «la usurpación» y que se establezca el «gobierno de transición», tienen que esperar con tranquilidad la realización de unas «elecciones libres».

No se han prometido unas elecciones cualquiera. No. Se han prometido unas «elecciones libres» y se nos ha dicho, además, que todo eso estará enmarcado dentro de lo que establece la Constitución. Se han atrevido incluso los dirigentes políticos que lidera Juan Guaidó, a lanzar la frase chavista «dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada».

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Nota al margen necesaria: esa frase lanzada por Chávez (a propósito de su retorno al poder el 13 de abril de 2002,  cuando planteaba a los opositores que cumplieran la Constitución y que se mantuvieran dentro de ella) es una simple copia de la frase de Fidel Castro lanzada en los años 70 para hacer su purga cultural de entonces: «dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada». Con esa frase, Fidel estableció los «parámetros» dentro de los que debían estar artistas, escritores, cineastas y creadores en general para seguir haciendo su trabajo en Cuba. Sonaría bonito de no ser por las consecuencias: en el proceso de «parametración», se quedaron fuera creadores que incluso eran comunistas militantes, pero cayeron en desgracia. A Chávez, la frase le sirvió para acabar con la resistencia en PDVSA echando a la calle a 20 000 técnicos de la industria. Le sirvió, además, para aplicar las listas de exclusión Tascón y Maisanta para negar derechos a opositores, entre otras barbaridades.

¿Por qué repiten esa frase los dirigentes opositores? ¿Por qué exigen la defensa de una Constitución hecha a la medida de Chávez y rehecha para Chávez cuando sintió que le quedaba pequeña para sus fines hegemónicos? ¿Qué le pasa a esa dirigencia?

El obstáculo constitucional

He aquí entonces el tema de la coherencia y la inconsistencia del liderazgo opositor que no ha podido con un régimen que tiene por lo menos cinco años caído sin nadie que lo termine de empujar. El chavismo ha sido derrotado en todos los sentidos: en el plano económico, en el plano político y en el plano retórico. Incluso en el plano cultural el chavismo ha perdido la batalla de la iconografía, pues mientras hoy en el mundo es posible ver 60 años después de la Revolución Cubana a jóvenes marihuaneros de izquierda luciendo franelas del Che Guevara, no hay ícono global que la Revolución Chavista haya podido imponer por encima de las imágenes de la miseria que se instauró en las calles de Venezuela.

Y ese chavismo derrotado, en el único plano en el que no ha sido posible derrotarse es en el plano militar y en el plano legal interno. Esto no es una realidad que pueda soslayarse sin más, pues el arbitrio militar en la vida política nacional se ha impuesto desde el momento en que esa Constitución fue impuesta de forma ilegal desde su génesis. Cualquier cosa que surgiera de la Constituyente de 1999 debió ser declarada como írrita, pues al haberse hecho pasando por encima de lo dispuesto por el texto constitucional vigente en aquel momento, quedan activadas las consecuencias que plantea el artículo 250 de la Constitución de 1961:

«Artículo 250.- Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado».

Partiendo de ese artículo, está clara la situación:

1. La usurpación no empezó el 10 de enero de 2019, sino el 25 de abril de 1999 cuando pasando por encima de la Constitución vigente, se realizó un referendo consultivo para convocar una Asamblea Constituyente cuyas bases comiciales, además, se consultaban en el mismo proceso referendario.

2. Desde la Corte que permitió tal delito, pasando por los meimbros del CNE que organizó la consulta, los diputados y senadores del antiguo congreso y todos quienes participaron del proceso constituyente, son los responsables de la usurpación.

3. La constitución del 1961 esta vigente.

Puede discutirse el asunto y seguramente surgirá el planteamiento «ajá, ¿y qué hacemos con todo lo que se ha legislado estos años?». Sin duda puede echarse atrás una legislación, pero no sus efectos durante veinte años, dirán muchos. Los remito a dos ejemplos, clásicos, para intentar establecer una ruta de acción: los procesos de desnazificación en Alemania y los procesos posteriores a la caída de la URSS y otros regímenes comunistas. Mucho tuvo que hacerse y rehabilitarse, derogarse y reconstruirse legalmente, pero eso ya sería otro tema.

Volvemos al punto ¿es defendible la Constitución de 1999? ¿Es sensato pensar que saldremos del chavismo con esa Constitución chavista hecha por chavistas para Chávez y rehecha, además, cuando Chávez sintió que le quedaba pequeña?

La respuesta debería dictarla el discurso opositor de estos veinte años, de la siguiente manera:

1. Los opositores del chavismo reclamaron que el proceso para imponer la Constituyente de 1999 era írrito, por las ilegalidades denunciadas, incluso, por una de las que ayudó a darle paso al referendo de abril de 1999, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la época, Cecilia Sosa Gómez. De sus afirmaciones, declarando “muerta» a la Corte por las embestidas del Poder Ejecutivo, se agarró la oposición para denostar del proceso constituyente.

2. Los opositores que reclamaron el proceso constituyente como írrito, acostumbrados como están al cebo electoralista, olvidaron toda objeción legal y se lanzaron a un proceso electoral para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que partía ya de forma ilegal, con más ilegalidad: con un estatuto electoral que permitió que el 55 % del electorado tuviese 127 representantes y el 45 % del electorado tuviese cuatro representantes. Esos cuatro representantes se opusieron a todas las pretensiones de imposición de las locuras establecidas y, al final, llamaron a votar en contra del resultado final en el referendo aprobatorio del 15 de diciembre de 1999.

3. En 2007, cuando Chávez se planteó una reforma a la Constitución que se había hecho fraudulentamente a su medida, con el objetivo de imponer la reelección indefinida, esa oposición llamó a votar en contra y ganaron. Es decir, detuvieron una embestida hegemónica.

4. En 2009, cuando se lanzó ilegalmente una enmienda para imponer de forma fraudulenta lo que ya se había rechazado en 2007 por decisión popular, se llamó a votar en contra también.

La Constitución enmendada, que impone la reelección indefinida y acaba con el poco federalismo que contenía la original, es la que están defendiendo los que hoy desde la oposición dicen «dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada». ¿Por qué hacen esa defensa? ¿Por qué de forma ridícula se empeñan en defender hoy lo que rechazaron ayer?

Puede explicarse con la tesis de los estafadores seriales que más de una vez he desarrollado: su única labor es mantenerse siendo opositores, no buscan desplazar al régimen. Por eso, una y otra vez, usan un argumento para justificar un curso de acción y al día siguiente con el mismo argumento defienden todo lo contrario.

Es sencillo entonces volver al punto de partida obvio: a la defensa de lo que se defendió desde un principio: se llamó a votar NO a la convocatoria de una constituyente, se llamó a votar en contra de los candidatos del chavismo a esa constituyente. Se llamó a votar NO contra la Constitución hecha a la medida de Chávez. Luego se llamó a votar NO a la reforma y NO a la enmienda. Si tenemos 20 años diciendo «no» a ese marco constitucional por saberlo antidemocrático, ¿tiene sentido desdecirse hoy e invocar ese texto antidemocrático, antifederalista, anti-libertades y anti-histórico para el restablecimiento no ya de la democracia, sino de la República?

No lo tendría, para una clase política coherente.

Un dique contra las elecciones libres

Henos aquí entonces, con una clase política prometiendo que se harán unas elecciones libres «dentro de lo que establece nuestra Constitución».

Se entiende que ese proceso empieza, entonces, con una nueva directiva del CNE. Vayamos pues, a lo que dice esa Constitución del 99 que está defendiendo el liderazgo político encabezado por Juan Guaidó.

«Artículo 294. Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios».

Cumpliendo este artículo de laCconstitución que llaman a defender los opositores encabezados por Guaidó, se echa por tierra el pedido de «tres rectores chavistas y dos opositores», o viceversa. Es decir, esa Constitución que han llamado a cumplir, no la cumplen en este aspecto, pues lo que queremos es un ente electoral independiente, técnico y despartidizado. Lo que, de hecho, no hemos tenido nunca en Venezuela.

«Artículo 295. El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral, estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley».

Cumpliendo esa Constitución a la que llaman a defender, ¿se estableció ya dicho comité de postulaciones? No. Pero sigamos, que las cosas son peores. Atención a lo resaltado en negrillas:

«Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano. (…)».

Corte importante para explicar lo subyacente: ¿qué es la sociedad civil, según esa constitución que defienden? Pues todo aquel que esté organizado en «asociaciones ciudadanas». Eso incluye colectivos, unidades de batalla, comité de abastecimiento CLAP, asociaciones de mujeres revolucionarias, el Frente Francisco de Miranda y todas las estructuras creadas para cumplir ese rol por el chavismo todos estos años.

Así, cumpliendo esa Constitución tendremos tres rectores electos por La Piedrita, Tupamaros, CLAP, y demás. Luego, las universidades podrán escoger un rector, pero no todas las universidades. No podrá postular un técnico en software la Universidad Simón Bolívar, pues esta no posee facultad de ciencias jurídicas y políticas. Y si contamos las universidades con facultad de ciencias jurídicas y políticas que hay en Venezuela, tendremos que incluir a todas las controladas por el régimen, desde la Bolivariana hasta la UNELLEZ. Y así, tendrá el chavismo otro rector. Finalmente, por si esto fuese poco, el «poder ciudadano», es decir, Tarek William, Elvis Amoroso y quien quiera que este defendiendo el puesto en este momento desde la «Defensoría», tendrán el poder de nombrar otro rector. No lo digo yo, lo dice esa constitución que desde Guaidó hasta María Corina, pasando por Falcón y Ramos Allup, defienden a rabiar.

Pero hay más: «(…) Los o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal, y cada designado o designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, serán presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil».

Es decir, no solamente los rectores serán nombrados por colectivos y universidades chavistas, sino que además solo ellos tendrán bajo su control los órganos desde los cuales se manejan el Registro Electoral Permanente, la inscripción de nuevos votantes, la inscripción de votantes en el exterior y la organización misma de las elecciones. Es decir, que si por casualidad tuviésemos dos rectores opositores, esos dos rectores serían, como han sido hasta ahora los que hemos tenido, tan decorativos como los jarrones que adornan la oficina del presidente interino y, quizás, hasta el presidente interino mismo.

Como si esto fuese poco, «(…) Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia».

Teníamos las dos terceras partes del Parlamento cuando este se instaló y el régimen desconoció dicha mayoría. Y ese Parlamento, presidido por Ramos Allup, decidió acatar lo que decía el régimen usurpador y, por eso, no instaló el comité de postulaciones debidamente para escoger a los tres rectores que correspondía en ese momento. Omar Barboza, como presidente de la AN, debió, en julio de 2018, instalar el Comité de Postulaciones de nuevo para nombrar los otros dos. Ninguna de las dos cosas se hizo, por distintas circunstancias o con distintas excusas.

Entonces vayamos al punto, finalmente: ¿De verdad están al tanto de lo que esa Constitución dice?

Parece que no.

Lo que se requiere es la ruptura

Estamos en medio de un debate constitucionalista, cuando lo que se requiere es un debate en el marco del derecho penal y del derecho natural. Tenemos derecho a la libertad y a la democracia. Tenemos además derecho a la rebelión, y no porque lo establezca una Constitución, sino porque así se encuentra en nuestros valores republicanos desde que Venezuela decidió ser república.

Las elecciones libres no pueden hacerse respetando esa Constitución espuria. Para empezar, porque esa Constitución es el principal obstáculo. Por eso, al menos para mí, no hay forma de creer en la viabilidad de una ruta que se establezca sobre la base de una Constitución que lleva en su esencia el mal, una Constitución que es el pilar fundamental de la existencia en Venezuela de un régimen criminal.

Luego de demolida esa Constitución, restablecida la del 61 o incluso luego de construirse un marco legal invocando el derecho natural tal como se hizo en 1945, 1948 y 1958, quizás, solo quizás, estaremos frente a una ruptura que nos lleve al restablecimiento de la república.

Mientras eso no pase, solo estaremos en medio de una sesión larga de boxeo de sombra, entre sombras y sombreros.

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