Senadores de EEUU piden más sanciones contra funcionarios de Ortega

Mientras tanto, la alianza opositora de Nicaragua ha asegurado que también aumentará la presión contra el régimen a través de la "insurrección cívica".

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Sra. Murillo, “es su avaricia por el poder la que sigue causando tanto dolor. Justificarlo de otra manera es un insulto a familias de los que ustedes han asesinado”: diputada Ileana Ros-Lehtinen. (Wikimedia)

Un grupo de ocho senadores estadounidenses presentaron una propuesta de resolución en la que habilitan al presidente Donald Trump para aplicar más sanciones individuales contra funcionarios de Nicaragua vinculados con violaciones de derechos humanos y corrupción.

La iniciativa impulsada tanto por el Partido Republicano como por el Demócrata señala que la violencia perpetrada contra los ciudadanos nicaragüenses debe ser condenada, y exigen al régimen autoritario del país centroamericano poner fin a estas practicas que ha causado la muerte de cientos de personas.

El documento compuesto por seis puntos también insiste en que deben aplicarse las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en su informe final sobre la violencia que se ha llevado a cabo en ese país.

En otro de sus puntos, los legisladores estadounidenses alientan al Gobierno de Nicaragua a que se comprometa con el diálogo nacional que debería incluir el compromiso de adelantar las elecciones presidenciales que garanticen la democratización del país.

Asimismo, se insta a la comunidad internacional a denunciar todas las violaciones de derechos humanos y pide al presidente de los Estados Unidos que imponga sanciones por medio de la ley Global Magnitsky a todas las personas involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas o cualquier otra forma de violación de derechos humanos en Nicaragua.

Cabe recordar que a principios de este mes el Gobierno estadounidense dio un paso adelante en las acciones de presión internacional contra el régimen de Ortega al imponer sanciones contra algunos funcionarios de este Gobierno.

La ley sobre Responsabilidad de Derechos Humanos permitió a la administración de Trump aplicar restricciones de visado en algunos involucrados “en la dirección y supervisión de la violencia en contra de ciudadanos que están ejercitando sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión”.

Antes de aplicar las sanciones Estados Unidos ya había advertido que estaba dispuesto a aplicar sanciones si no se conseguía la solución a la crisis. Luego de imponerlas el gobierno norteamericano ha insistido en que está dispuesto a tomar “medidas adicionales” si continúa la masacre contra el pueblo.

El pasado lunes 25 de junio el régimen autoritario tuvo otro chance en la reanudación del diálogo nacional, para llegar a un acuerdo con la oposición y evitar el prolongamiento de la terrible situación por la que atraviesa el país, pero Ortega ha preferido no ceder y seguir atacando y asesinando a sus ciudadanos.

Los senadores de EE. UU. insistenr en que se debe ejercer mayor presión, por lo que es probable que no tarden en llegar más restricciones contra los implicados en la violencia de Nicaragua.

Oposición anuncia “insurrección cívica”

Mientras tanto, la Alianza Cívica, conformada por estudiantes, representantes del sector privado, trabajadores y campesinos, ha anunciado que no se dará por vencida en la lucha por la justicia y democratización de su país.

Lesther Alemán, miembro de la Alianza, explicó que en las últimas semanas no se había convocado a ninguna manifestación social en las calles debido a los altos índices de represión que ha habido.

Sin embargo, de acuerdo con la coalición opositora, aprovecharán la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el país para convocar más protestas contra la administración de Ortega.

La constitucionalista Azahalea Solís, también integrante de la Alianza, aseguró que la única manera de seguir avanzando por la democracia del país es con la “insurrección cívica”.

“El Gobierno no está sentado en la mesa porque tenga voluntad de paz, está sentado porque el pueblo de Nicaragua lo puso en la mesa, cómo, con actividades de movilización”, recordó reiterando la importancia de las marchas.

La coalición aseguró que seguirá intentando negociar con el régimen mediante el diálogo nacional que tiene como mediador al Episcopado, pero indicó que ejercerán más presión a través de las protestas para tratar de conseguir más avances.

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