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EnglishCon la irrupción del «socialismo del siglo XXI», hace casi dos décadas, en el escenario político latinoamericano, tanto los sectores progresistas como los abiertamente populistas empezaron a impulsar iniciativas para «democratizar» los medios masivos de comunicación —es decir, crear una prensa, radio y televisión más afines a sus objetivos políticos y económicos.
Se aducía que la histórica concentración de los medios en pocos grupos empresariales (e.g., Grupo Clarín en Argentina, Rede Globo en Brasil o Cadena Capriles y Globovisión, en Venezuela) tergiversaba y silenciaba temas contrarios a los intereses de sus dueños, pervirtiendo así el debate público e informado, necesario para la democracia, y propiciando «golpes blandos«.
Los legisladores de varios países en América Latina promulgaron polémicas leyes de medios, o normativas para realizar un reparto más «equitativo» de las licencias televisivas, radiofónicas y de prensa escrita.
Como buscaron preservar la apariencia de ser Gobiernos democráticos —y dado que la censura abierta y la democracia son agua y aceite— se redujeron las represiones físicas o censuras directas, y se instaló una nueva efectiva forma de acallar las noticias y opiniones incómodas.
Los gobiernos populistas entonces atacaron indirectamente a los medios: empezaron a controlar o limitar el papel de los periódicos; hostigaron constantemente a los periodistas con litigios o con campañas de intimidación, descrédito y burlas; limitaron el acceso a la información pública o dejaron de brindar declaraciones; politizaron la distribución de publicidad estatal como forma de premio o castigo; y crearon medios estatales con abultados presupuestos para imponer la versión oficial, atacar y acosar al resto del gremio.
Los casos más severos de ataque a la libertad de prensa suceden en Venezuela, Argentina, Cuba y Ecuador, según recoge la Sociedad Interamericana de Prensa en su informe 2014. En el primero apenas quedan medios independientes, ya que el chavismo se ha encargado de asfixiarlos para luego comprarlos en los últimos años. Ha sucedido con Globovisión, Cadena Capriles, El Universal, entre 25 periódicos y canales de televisión regionales y nacionales.
Tras la aprobación de la versión ecuatoriana de la ley de medios en junio de 2014, un diario con más de tres décadas de trayectoria tuvo que dejar de circular
Luego de la adquisición por misteriosas empresas con vínculos con el poder, estos cambiaron de línea editorial; sobrevinieron la censura, los despidos, y dejaron de ser una amenaza para la «Revolución». Ahora el Gobierno de Nicolás Maduro va por las redes sociales, muchas veces el único lugar que les queda a los venezolanos para recibir informaciones no alineadas con el Gobierno.
En Ecuador, el acoso estatal a los periodistas es constante. El propio presidente Rafael Correa ha liderado la embestida contra la prensa, utilizando todo tipo de mañas legales; en su programa televisivo semanal arremete contra aquellos que critican su Gobierno, y descaradamente incita a sus seguidores a arremeter de la misma forma. Periodistas renombrados, como Janet Hinostroza, han debido abandonar su trabajo por amenazas, luego de revelar noticias que perjudican al líder de la «Revolución Ciudadana».
Tras la aprobación de la versión ecuatoriana de la ley de medios en junio de 2014, un diario con más de tres décadas de trayectoria tuvo que cerrar, debido al boicot y la asfixia financiera producto de las nuevas regulaciones.
Correa ha creado dos entidades —el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom)— que emplean unas 300 personas encargadas de monitorear y controlar los periódicos, estaciones de radio y cadenas de televisión. Además, la Secretaría de Comunicación de Ecuador (Secom) produce un segmento de emisión obligatoria en la televisión nacional en el que ataca a periodistas disidentes.
No contento, Correa creó un «troll center» con la función exclusiva de defender y contraatacar a críticos de su régimen en las redes sociales, y lo ha logrado: muchas cuentas de humor y sátira han decidido cerrar por temor a amenazas y represalias. Ni siquiera los caricaturistas famosos están a salvo de la censura indirecta gracias a la excusa conveniente de leyes «antidiscriminación.»
Detrás de la retórica de combatir el «terrorismo mediático» y «democratizar los medios» vemos que está en realidad el deseo de entregar los medios a otras pocas manos, las afines al proyecto socialista. Se trata de neutralizar la oposición a un proyecto fallido en todas partes donde se ha intentado, y ocultar los errores para que los allegados al poder sigan lucrándose impunemente.
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